La única ley que se había acordado analizar durante el período extraordinario a celebrarse los próximos 21, 22 y 23 de agosto era la que se especificaba sobre la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ley INEE) a la cual -pese a tener avances sustanciales en ella y de estar trabajada en mesas con el resto de las fracciones parlamentarias- se debatirá además de, la Ley de Servicio Profesional Docente (LSPD) y a la Ley General de Educación.
Miguel Barbosa Huerta, Coordinador Parlamentario del PRD en el Senado acompañado por los senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Benjamín Robles y Raúl Morón Orozco, y por los diputados Miguel Alonso Raya y Jorge de la Vega, acotaron que no existieron mesas de trabajo para discutir las dos leyes sobre LSPD y LGE.
Barbosa Huerta señaló que "no tiene lógica, no tiene el menor cálculo de lo que puede alterar; va alterar todo el mundo legislativo y con ello va haber condiciones no adecuadas para poder construir los acuerdos en los otros temas" analizarlas en período extraordinario ya que los tiempos de desahogo no alcanzan para tal efecto además de no permitir la construcción de los temas.
"Estábamos listos con esta iniciativa desde hace aproximadamente tres meses. y la teníamos como instrumento de negociación pero nunca se establecieron las mesas para diálogar. No queremos que sea esta - la Ley de Servicio Profesional Docente (LSPD)- la Ley Federal del Trabajo para los maestros; queremos que sea una ley que de verdad promueva la calidad educativa, que establezca los vértices de lo que debe de ser una evalaución y las mejoras de las condiciones en las que sea parte la educación".
Aseguró que la propuesta ya genera una inquietud política "muy fuerte, muy preocupante".
El senador Raúl Morón Orozco aseguró que en el PRD están convecidos de la reforma educativa sin negarse a legislar en la reglamentación constitucional. "En educación hay que actuar de buena fe, y nosotros lo hemos hecho" además de, caminar con consensos para sacar la educación del bache en el que se encuentra, fortalecer la escuela, al maestro y el proceso educativo y elevar la calidad de la educación.
"Cuando se habla de educación se plantea de 10 a 15 años, a mediano plazo a 15 o 20 años, y a largo plazo de 25 años o más" por ello es necesario -afirmó- se debe de contar con tiempos suficientes.
Aclaró que la reforma constitucional obliga "exclusivamente" a que se reglamente la Ley INEE más no a las otras que el día miércoles el presidente Enrique Peña Nieto envió a Cámara de Senadores con un paquete de tres leyes secundarias.
En este sentido hizo un llamado al Gobierno federal a "que sea sensible y que nos permita actuar a los legisladores, actuar con toda responsabilidad". Aseguró que algunos de los planteamientos de carácter laboral del mandatario nacional "chocan" normativamente con la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y el apartado B del artículo 123.
En su turno el diputado Miguel Alonso Raya dijo que se estuvo de acuerdo en crear un Instituto Nacional de Evaluación con autonomía y facultades de evaluación al conjunto del Sistema Educativo Nacional además de evaluar al profesorado.
Señaló que el conjunto del Magisterio tenía tres preocupaciones básicas y que se resuelven a través de la elección de los cinco integrantes de la Junta Directiva del INEE: que la evaluación no fuese estandarizada; que la educación no fuera herramienta para despedir a los trabajadores y no fuese punitiva.
"Lo que no podemos permitir es que trasgreda los derechos laborales de los trabajadores de la educación", afirmó Fidel Demédicis Hidalgo; agregó que para ello se debe de plantear un mejoramiento educativo y el respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores.
Afirmó que la LSPD tiene "situaciones aberrantes, que son totalmente regresivas para cualquier régimen laboral que se diga preciar los derechos de los trabajadores" y señaló algunos de los puntos entre los que destaca la desaparición del Escalafón y en su lugar la aplicación de tres exámenes. Quienes lo aprueben continúan.
Aseguró, la propuesta del Ejecutivo federal viola derechos fundamentales ya que estipula que los trabajadores no tendrán estabilidad laboral y dependerán de las pruebas que se apliquen.
En el caso de la basificación, la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado plantea seis meses un día y así se obtiene, mientras que la propuesta presidencial, alude a dos años de inducción y es en base a una evaluación y criterio de la autoridad que se determinará si obtiene la basificación o no.
Asimismo la iniciativa propone el cese laboral por no aceptar la evaluación, así también hay un planteamiento de sustitución de Carrera Magisterial (CM) por un programa de incentivos durante cuatro años. Este punto acota el nulo derecho permanente como en CM; es decir, se tendrán estímulos y se verá en ese tiempo si accede o no al siguiente nivel. De no acceder, desaparecen los incentivos además de no enumerar los niveles que este tendrá.
Jorge de la Vega señaló que todas las voces deben de ser escuchadas primordialmente las de los actores del Sistema Educativo y advirtió que estas acciones no deben de reflejar la reducción de la profesionalización del docente como algo meramente administrativo, con lo que se desplaza la capacitación continua; mientras que el Gobierno federal -añadió- " quiere hacer responsable al maestro o maestra del error educativo".
Benjamín Robles aseguró que el PRD está a favor del fortalecimiento del Sistema Educativo pero "no vamos transitar en que las conquistas laborales del Magisterio puedan retroceder y en ese sentido estamos con los maestros".
Respecto a los puntos que propone el PRD en cuanto a la Ley del INEE manifiesta la rectoría del Estado en cumplimiento del ejercicio de educación de calidad; crea una política y sistema nacional de evaluación con garantía de imparcialidad y profesionalismo; plantea evaluación obligatoria de todos los involucrados en el sector: maestros, autoridades, planes y programas de manera formativa; obliga a que se tome en cuenta las diferencias socioeconómicas entre las regiones del país en las evaluaciones y promueve a dignificación de condiciones en las que se desenvuelven los alumnos y profesorado.
Con lo referido al Servicio Profesional Docente el PRD manifiesta la erradicación de la corrupción, privilegios, nepotismo, acuerdos cupulares, corporativismo y prácticas de decisión de unos cuantos; establece la profesionalización de docentes como condición de ascensos, promociones y estímulos en base a méritos; se crea el Instituto Nacional del Servicio Profesional Docente.
Así también se prevé el ingreso por concurso, erradicando la venta de plazas y "derecho" a heredarlas; se obliga a la actualización constante, uso de tecnologías y modernización del Sistema Educativo y finalmente manifiesta acciones incluyentes de la participación social y maestros en todos los procesos.
En la Ley General de Educación señalan la armonización de las propuestas de la Ley del INEE y la LGSPD.