Las investigaciones en torno a la trata de menores, arrojan como resultado la necesidad de una coordinación entre diferentes áreas del gobierno central para blindar a los niños y adolescentes de la capital que los proteja a fin de que no caigan en manos de cualquier red de delincuencia organizada
Derivada de las denuncias de hechos presentadas la semana pasada ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por el probable delito de trata de menores, la diputada Olivia Garza de los Santos informó que hasta el momento se han realizado reuniones tanto con la Fiscal Especial de Trata de Personas, Juana Camila Bautista Rebollar y la Cuarta Visitadora de Derechos Humanos del Distrito Federal, Guadalupe Ángela Cabrera Ramírez, en las cuales se han conocido las acciones realizadas en torno a la investigación.
La diputada Olivia Garza subrayó que por parte de la Fiscalía Especial de Trata de Persona, uno de los testigos realizó la ampliación de su declaración, al tiempo de que la policía de investigación ha incrementado la vigilancia en diferentes puntos de la ciudad con el fin de detectar irregularidades que permitan rescatar a las niñas.
Por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que dicha dependencia giró alrededor de 22 oficios a diferentes dependencias del Distrito Federal con el fin de que en conjunto detecten las irregularidades señaladas y ponga mayor atención para detectar si hay más puntos en la ciudad en dónde posiblemente se esté cometiendo dicho delito.
Garza de los Santos apuntó que en ambas reuniones se han presentado los avances en torno a la investigación que arrojan como resultado la urgente necesidad de una coordinación entre diferentes áreas del gobierno central para blindar a los niños y adolescentes de la capital que los proteja a fin de que no caigan en manos de cualquier red de delincuencia organizada.
Por lo anterior, la diputada panista enfatizó en la necesidad de crear políticas públicas de protección a los niños y adolescentes de la capital en las que participen varias áreas del gobierno de la ciudad, que vayan más allá de la entrega de programas sociales, “requerimos una política integral que vele porque los niños y adolescentes de la capital, que adquieran visibilidad jurídica y social, pues deben dejar de ser invisibles, hoy es planamente normal ver a un niño que venda dulces, chicles y cigarros, sin notar que está siendo vulnerado en sus derechos y con el tiempo puede caer en manos de la delincuencia organizada”. (Edmundo Olivares Alcalá)