A tres años de la masacre de San Fernando, prevalece la impunidad y la injusticia, así como la falta de verdad y reparación del daño para los familiares de los migrantes sin documentos víctimas de la violencia en México
A tres años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes persisten, por obra de miembros del crimen organizado como por
autoridades gubernamentales de diversas instancias, quienes siguen violando sistemáticamente los derechos de la población migrante.
Los secuestros, asaltos, violaciones sexuales, extorsiones y casos de tortura, tráfico de personas y trata siguen siendo reportados por diversas organizaciones de la sociedad civil y mecanismos de protección de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional.
Después de Tamaulipas vinieron más casos como el de los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, en donde tampoco se ha investigado la verdad de lo sucedido ni se han presentado a los culpables de estos crímenes.
A la falta de verdad y justicia se suma "el acoso oficial y la criminalización a las casas y refugios para migrantes y su personal a lo largo de la ruta migratoria mexicana", soslayando el derecho a proteger los derechos humanos y deteniendo esta labor humanitaria que el gobierno tampoco realiza, destaca la agrupación "Sin Fronteras" en un comunicado.
Tras la masacre de San Fernando, México construyó nuevos marcos normativos, incluida la Ley de Migración; sin embargo, las organizaciones humanitarias señalan que dicha acción no basta para enfrentar los riesgos que enfrentan los migrantes y, por el contrario, la Ley de Migración insiste en vincular el tránsito de personas con temas de seguridad nacional "perpetuando, la criminalización y discriminación de las personas migrantes, así como violaciones a los derechos humanos, de acceso a la justicia y libertad de tránsito.
Frente a lo que llaman "falta de esclarecimiento y la limitada respuesta" del gobierno mexicano ante los peligros que enfrentan los migrantes, expertos y defensores exigen investigaciones "efectivas" que consigne a los responsables, que se conozca la verdad, se respete y garantice el derecho a la vida y a la seguridad e integridad física de las personas migrantes en tránsito por territorio mexicano.
Sin embargo, a tres años de la masacre de San Fernando, se alcanza un convenio entre Organizaciones de la Sociedad Civil y la Procuraduría General de la República, cuyo trabajo estará enfocado en la creación de una Comisión Forense, para la identificación y determinación de causa de muerte para el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas; los 193 restos localizados en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas; y los 49 restos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, concluye "Sin Fronteras".