El Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera de estados y municipios, y la devolvió a la Cámara de Diputados.
En una sesión inédita en la sede alterna, se aprobó por 98 votos a favor y uno en contra la reforma que busca acotar y sancionar el endeudamiento excesivo de estados y municipios.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, ordenó su devolución a la Cámara de Diputados, pues se modificó la minuta al crear una comisión bicameral que vigilará y sancionará las deudas de estados y municipios.
Por otra parte, el Senado aprobó con 102 votos a favor reformas a la Constitución para incorporar la figura de las candidaturas independientes o ciudadanas, y con ello eliminar la exclusividad de los partidos políticos para registrar a los competidores a nivel estatal.
En el dictamen se fijan las bases y requisitos para que en las elecciones locales, los ciudadanos soliciten su registro mediante esta figura a todos los cargos de elección popular.
Los senadores incluyeron en el Artículo 122 constitucional, que el derecho de los ciudadanos para obtener su registro como candidatos independientes ante las autoridades electorales, sea también procedente para la capital del país.
Para ello, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá expedir las disposiciones que garanticen en la ciudad de México elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
En la exposición de motivos del dictamen, se establece que las candidaturas independientes en el sistema jurídico nacional obedecieron a la necesidad de abrir nuevos cauces de participación.
Ello, a efecto de que los ciudadanos sin partido político puedan ser elegidos en comicios periódicos, auténticos y realizados por voto universal en condiciones de igualdad y sin restricciones indebidas.
Previamente, los senadores avalaron con 90 votos a favor modificaciones que adicionan una fracción XXIX-R al Artículo 73 de la Constitución, en materia de registro público inmobiliario y de personas morales de las entidades federativas y catastros municipales.
Con esta reforma se faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.
El dictamen detalla que este ordenamiento incidirá en políticas públicas orientadas al desarrollo, y ordenamiento urbano y de vivienda, así como a la obtención de recursos fiscales mediante la recaudación de los impuestos predial y de traslados de dominio.
La intención es crear una normativa que unifique los procedimientos registrales, así como la agilización de los trámites para lograr seguridad y certidumbre jurídica, de la cual carecen los organismos registrales estatales.
En el dictamen se señala que al fortalecer a la institución catastral, se robustecerán las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios dentro del marco de seguridad jurídica de la propiedad, y se podrá generar información para el ordenamiento territorial y las políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda.
La reforma en materia de registro público inmobiliario y catastros se turnó a los congresos locales para su ratificación, en tanto el proyecto de ley de candidaturas independientes se devolvió a la Cámara de Diputados.