Legisladores del PAN presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera y el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que consideraron como omisión en el otorgamiento de garantías y protección de la población durante los actos de violencia y bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La senadora Mariana Gómez del Campo afirmó que ambos mandatarios han quebrantado la Constitución en un acto de atropellamiento a los derechos de los ciudadanos en su diario tránsito por las calles capitalinas.
Afirmó que no permitirán que ambos jefes del Ejecutivo en el DF y nacional respectivamente, se laven las manos luego de que las movilizaciones de los manifestantes causaron severos daños como el cierre de vialidades, actos vandálicos y destrucción de inmuebles, entre otros.
"El Presidente de la República y el Jefe de Gobierno le han dado vuelta a la situación, no han estado a la altura para afrontarla y han preferido afectar a millones de capitalinos, que ejercer su autoridad para establecer el orden", afirmó.
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño en el DF (CANACOPE), los bloqueos del pasado viernes causaron una pérdida cercana a los 400 millones de pesos y miles de horas-hombre, además de que algunos negocios vieron afectadas sus ventas hasta en un 87 por ciento.
“Ya estamos hartos del desorden que impera en el Distrito Federal pero no podemos darnos el lujo de que encima del caos que provocan unos cuantos pseudo-maestros, que representan menos del uno por ciento del magisterio en el país, tengamos que tolerar la incapacidad de las autoridades”, sostuvo.
Por lo que adelantó que en los próximos días presentará una propuesta para regular las marchas y manifestaciones en la ciudad la que contemplará las acciones pertinentes de acuerdo a cada escenario que se presente.
Finalmente, la legisladora del PAN confió en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tome cartas en el asunto, toda vez que esta queja representa la voz de los miles de capitalinos que fueron afectados y hoy exigen que se respeten sus derechos.
“Solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se investiguen los hechos antes mencionados, los cuales pueden constituir delitos del fuero común y del fuero federal, incluso faltas administrativas que dejaron de cumplir las autoridades por no mantener las condiciones de orden y seguridad pública".