Los diputados no permitiremos que “nadie nos presione, porque finalmente lo que buscamos es justicia contributiva”, sentenció el diputado del PRD, Silvano Aureoles, al tiempo de exigir a los empresarios no querer “agandallar” los tiempos legislativos en la discusión de la reforma hacendaria y les recalcó que los únicos que pueden modificar las leyes son los legisladores.
El diputado perredista negó que los legislativos cedan a presiones de la iniciativa privada para echar abajo algunos impuestos, e indicó que su grupo parlamentario antepondrá los intereses de los casi 60 millones de mexicanos en pobreza, a los del uno por ciento de la población que concentra la riqueza en el país.
En ese tono calificó como una falta de respeto que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) diga que llegó a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para modificar la reforma hacendaria.
“Es incorrecto y es una falta de respeto al Congreso que el CCE adelanten que ya modificaron la iniciativa de ley en materia de reforma hacendaria, porque eso está en la Cámara de Diputados y los diputados somos los únicos que la podemos modificar”.
Agregó que los empresarios están en su derecho de hacer las gestiones que correspondan respecto a la reforma hacendaria, pero no pueden atribuirse facultades de los legisladores.
Lo anterior fue una repuesta a las recientes publicaciones referentes a que el CCE anunció que la SHCP aceptó cambiar la iniciativa de reforma hacendaria que el Ejecutivo federal entregó al Congreso de la Unión, en diversos punto como la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la compra venta y renta de vivienda y a las colegiaturas.
Por ello, Aureoles Conejo dijo que, el CCE demuestra que los empresarios no quieren pagar los impuestos que les corresponde, constante que se ha mantenido en los últimos 30 años.
Recordó que su partido está a favor de que paguen más impuestos los que más ganan y no se grave el consumo, ni se imponga IVA a colegiaturas y rentas e hipotecas, dada la crítica situación económica del país y los problemas de vivienda que aquejan a los mexicanos.
Asimismo, se pronunció a favor de gravar las ganancias de la minería en un 7.5 por ciento, las operaciones bursátiles hasta en un 15 por ciento mínimo y eliminar los regímenes especiales como el de conciliación fiscal.