La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para consolidar a la dependencia del ramo como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud, mejorar la eficiencia de los servicios estatales y sancionar con prisión y multas el desvío de recursos.
El documento, avalado en lo general por 390 votos a favor, 25 abstenciones y 20 en contra, forma parte del paquete de iniciativas que el Ejecutivo federal remitió a esta instancia legisladora, el cual pasó al Senado para su eventual ratificación.
Durante la discusión, el pleno desechó cinco reservas que presentaron en su momento Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y posteriormente votarse en lo particular por 361 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones.
Señala que se busca mayor eficiencia en los servicios estatales de salud, asegurando que los recursos que se transfieren a este sistema, se utilicen de la mejor manera y para los fines a que fueron asignados.
Establece que los recursos que transfiera el gobierno federal a las entidades federativas por concepto de cuota social y de aportación solidaria podrán realizarse en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención.
De igual forma fija penas de cuatro a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo a quien desvíe recursos, numerarios o en especie del Sistema de Protección Social en Salud.
Detalla que la protección social en salud es el mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso oportuno, de calidad, sin desembolso, en el momento de utilización y sin discriminación, de los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de afiliados.
Asimismo, homologa las leyes generales de Salud y de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a la transferencia de recursos federales a las entidades federativas.
Al fundamentar el resolutivo de la Comisión de Salud, el legislador Isaías Cortés Berumen destacó que el Derecho a la Protección de la Salud está consagrado en el Artículo Cuarto de la Constitución para todos, por lo que no es sólo un derecho laboral.
Por lo cual, dijo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo de acuerdo con los principios de universalidad.
Indicó que esas reformas tienen como objetivo establecer una serie de elementos que permitan consolidar una instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección de Salud.
Hacer efectivos los beneficios que otorga la ley y mejorar la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de recursos que se destinen a salud en las entidades federativas.
Desaparece la figura del Consejo Nacional de Protección Social en Salud para no duplicar instancias de coordinación con los servicios estatales como el mecanismo de coordinación de acciones con las entidades federativas, que sesiona con regularidad en el año siendo el foro para tratar asuntos vinculados al Sistema de Protección Social en Salud.
Además, abundó el presidente de esta instancia legislativa, se fortalece la portabilidad en los beneficios que otorga la afiliación, toda vez que se da mayor certeza respecto al pago por prestación de servicios, que se brinde entre entidades federativas distintas a la cual fueron afiliadas.
Mencionó que se da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos.
En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos se destinaron a los fines específicos para los que fueron destinados, las autoridades que tengan conocimiento de la situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que proceda su investigación, y en su caso, la sanción.
También, advirtió, se establece como un delito grave en materia de desvío, el objetivo para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerarios o en especie, según el caso.
Al inicio de la discusión, el diputado del Partido del Trabajo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presentó una moción suspensiva, que fue desechada y posteriormente los grupos parlamentarios fijaron su postura en torno a la reforma.
La diputada María de las Nieves García Fernández se encargó de fijar la postura del Revolucionario Institucional y dijo que la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios.
Ya que además es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad, indicó.
A nombre de Acción Nacional subió a la tribuna Marcelina Orta Coronado, quien señaló que a 10 años de crearse el Seguro Popular, este programa tiene a más de 50 millones de beneficiarios.
Ello, a través de su catálogo universal de servicios de salud, financiando la atención médica de 284 intervenciones de primer y segundo niveles de atención, lo que representa una cobertura de más de 500 mil enfermedades.
Esto se traduce, abundó, en la atención de ciento por ciento de padecimientos, por lo que se acuerda una clínica o centro de salud o más de 90 por ciento de los diagnósticos terapéuticos de segundo nivel. Es decir, aquellos que por lo general requieren hospitalización.
Al hacer uso de la tribuna, Ricardo Monreal Ávila sostuvo que existe molestia en San Lázaro porque su bancada asume una actitud razonada y vota contra leyes que afectan al país.