Los senadores de Acción Nacional manifestaron su rechazo al contenido de las reformas que planteó el Ejecutivo federal al Código Fiscal y que ayer fue aprobado sin discusión ni argumentos por una mayoría automática, porque contiene un conjunto de modificaciones que atentan directamente contra el bolsillo de los ciudadanos.
La aprobación de esta normatividad resulta particularmente dañina en un periodo de recesión económica que el propio gobierno de la República provocó al propiciar un subejercicio en el gasto público.
En su oportunidad el senador Luis Fernando Salazar en la tribuna del Senado, al emitir el posicionamiento de nuestro Grupo Parlamentario, en el Código Fiscal indicó que se establecen atribuciones y facultades de la autoridad recaudatoria como revisiones y demás instrumentos de fiscalización que restringen y vulneran los derechos y principios tributarios consagrados en la Constitución.
Además, ninguna de las medidas ahí contenidas genera una ventaja para las micro, pequeñas y medianas empresas, por el contrario, representan trabas para el impulso y desarrollo de un sector que es palanca de la economía nacional.
Podemos destacar, por ejemplo, las modificaciones relativas al tema del dictamen fiscal, las cuales colocan en desventaja a las empresas con mediana o poca capacidad administrativa frente a aquellas de mayor capacidad. Hace más de 50 años se otorgó a los contribuyentes cumplidos la opción de dictaminar por contador público sus estados financieros y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Hoy el gobierno federal pretende suprimir dicha herramienta y además nos dice que sólo los contadores de la Secretaría de Hacienda saben hacer el dictamen fiscal, sin mencionar a los miles y miles de contadores públicos que quedarán sin trabajo.
En reiteradas ocasiones se argumentó que uno de los objetivos de la reforma consistía en la simplificación tributaria, sin embargo, las modificaciones que se proponen a este ordenamiento resultan contradictorias con el mencionado propósito, pues sólo generarán innecesarias molestias a los contribuyentes, repercutiendo incluso en el pago de multas.
La exigencia de ingresar la contabilidad de forma electrónica genera un prejuicio a los contribuyentes y una carga administrativa muy onerosa, pues tiene que ver con la adquisición, renta de sistemas de cómputo, servicios de internet, sistemas de seguridad y, en general, infraestructura básica a la que no todos pueden acceder.
Pero a pesar de los reiterados y puntuales argumentos que presentaron nuestros compañeros senadores en la tribuna de la Cámara Alta, sólo encontramos cerrazón y una mayoría mecánica del PRI, que junto con legisladores del PRD, evitó la incorporación de adiciones que hubieran permitido brindar certeza jurídica a los contribuyentes y generado mayores facilidades para la recaudación.
Ya en la misma tribuna del Senado, nuestro compañero Daniel Ávila Ruiz fustigó la incongruencia del gobierno federal de retirar el dictamen fiscal realizado por contadores públicos, cuando dicho mecanismo permitió que tan sólo en 2010 la hacienda federal recaudara más de 10 mil millones de pesos.
El dictamen fiscal da certeza a las empresas, sobre todo a las medianas y pequeñas, de que su información financiera sea presenta conforme a las normas establecidas por la contaduría pública organizada. El dictamen fiscal ha sido reconocido por las autoridades hacendarias como un documento fidedigno y confiable, que da cuenta de la situación fiscal del contribuyente, y tiene validez legal, por lo que le otorga a las empresas la seguridad que están cumpliendo con el pago de sus impuestos, a través de la autocorrección y evitando el pago de multas.
El senador Daniel Ávila recordó que en el país hay 38 millones 474 mil contribuyentes a fiscalizar, de los cuales un millón 503 mil son personas morales, mientras que el SAT cuenta con aproximadamente 9 mil empleados a cargo de las funciones de fiscalización, un número a todas luces insuficiente, no sólo para fiscalizar a los contribuyentes registrados sino para regularizar a los participantes de la economía informal.
Avanza en el Senado
El pleno del Senado de la República aprobó este jueves en lo general las reformas al Código Fiscal de la Federación, con 73 votos a favor y 43 en contra. Los cambios contemplan introducir nuevos procedimientos simplificados para estimular la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como otorgar facilidades a los contribuyentes con el uso de las tecnologías de la información.