Corrupción, irresponsabilidad y negligencia privó en la tragedia y accidente ocurrido en las inmediaciones de Naucalpan por el mal estado de las unidades propiciado por la mala gestión de un grupo que se apoderó de la Línea México-Tacuba-Huixquilucan y Anexas y que dejó una veintena de muertes.
En conferencia de prensa el presidente del Consejo de Administración de la ruta de transporte público México-Tacuba- Huixquilucan, acusó al dirigente transportista en la zona de Naucalpan, como causante de la volcadura donde perdieron la vida 17 personas.
Dijeron que la permanente corrupción en los servicios del transporte en la región y con el uso de la fuerza y la violencia, apoyados por el dirigente Jaime Soberanes y funcionarios del transporte en el Estado de México, son una de las principales causas que provocaron entre otros el accidente del pasado 4 de octubre donde murieron 16 personas y una veintena más resultaron heridos.
Gabriel Gutiérrez López, Antonio Ramírez García y Rodolfo Victoria Pico dieron esta mañana una conferencia de prensa para denunciar cómo a partir de actos fraudulentos un grupo encabezado por Agustín Luja García, Ricardo Ortiz Palma, Saúl Fernández Nava y Juan Vázquez Martínez, quienes fungieron como presidente, secretario, tesorero y vocales de la anterior administración, así como los comisarios Manuel Álvarez Durán, Javier Rosas Bernal y Miguel Ángel Ramírez Martínez, se apoderaron de la empresa, apoyados por el dirigente cúpula Jaime Soberanes, quien los fortalece con grupos de choque violentos.
Este grupo se dedicó a desmantelar los activos de la empresa y a dañar el patrimonio de los prestadores del servicio en la empresa Línea México-Tacuba-Huixquilucan y Anexas, al grado de que los operadores de los transportes se ven obligados a dar el servicio en condiciones poco aptas por el mantenimiento de las unidades, además de que provocan que se peleen por el pasaje.
Los denunciantes mostraron cómo, después de siete años en que no hubo Asambleas ni ordinarias ni extraordinarias, finalmente el 25 de septiembre de 2012 lograron realizar el cambio de dirigencia del Consejo de Administración, el cual les fue reconocido por las autoridades del transporte del Estado de México apenas el 25 de septiembre de este año.
Sin embargo, y a pesar del reconocimiento recibido por los denunciantes, las autoridades del transporte del Estado de México continúan realizando gestiones y generando compromisos con la depuesta dirigencia, lo que legalmente causará incertidumbre jurídica a los deudos de las personas fallecidas y a los lesionados, entre otros.
“El Secretario del Transporte del Estado de México, Ismael Ordóñez Mancilla, así como el Delegado Regional en Naucalpan, Carlos Alberto Flores Hinojos, a través de Jaime Soberanes, han continuado apoyando al grupo que usurpa la dirigencia de nuestra empresa, permitiendo que los actos de corrupción hacia el interior de la misma no sólo afloren, sino que afecten tanto el patrimonio de los prestadores de servicio que en ella laboran, como a personas ajenas que han sido afectadas por las malas prácticas de la empresa”, expresó Gabriel Gutiérrez López.
Agregó que tras el accidente del pasado 4 de octubre donde 17 personas perdieron la vida y una veintena resultaron lesionadas, en vez de dirigirse a los acreditados y reconocidos como los verdaderos integrantes del Consejo de Administración de la empresa, para dar solución a la problemática, aún lo realizan con Agustín Luja García y sus subalternos.
El caso es que, acusan, “Jaime Soberanes dijo en una reunión en la empresa que el gobierno quería 30 millones de pesos para subsanar la problemática derivada de ese accidente. Como la mayoría de los prestadores de servicio que trabajan en la empresa se opuso, finalmente bajó la cantidad a 17 millones, que si se entregan quizá nadie sepa a dónde irán a parar porque es una cantidad muy importante”.
Al respecto, dijo que existiría la intención de engañar al dueño de la unidad y a los socios con respecto de la cantidad de salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal para generar la indemnización, al triplicar los supuestos salarios mínimos que se deben pagar a los deudos de los fallecidos.
Asimismo, exigieron 5 mil pesos a cada uno de los dueños de unidad para enfrentar la indemnización, la que sólo ha alcanzado a una persona, quedando una fuerte cantidad en el limbo.