Al quedar aprobada ayer en la Cámara de Diputados la minuta del Senado que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para introducir la definición de violencia política, el género femenino podrá gozar de mayores espacios de participación política y estar en igualdad de condiciones con los hombres en la toma de decisiones en el país.
El dictamen aprobado por la Comisión de Género corresponde a una propuesta presentada por la senadora María Lucero Saldaña Pérez (PRI), y destaca entre los tipos de violencia, la de proporcionar información falsa a candidatas o evitar que mujeres electas o funcionarias acudan a sesiones de toma de decisiones.
La comisión también aprobó una iniciativa que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo fin es promover que en las prácticas y la comunicación social de las dependencias públicas, así como los medios electrónicos e impresos, se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.
Asimismo, se aprobó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas de los estados a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes en la materia, en torno a la definición y acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexual.
Con la aprobación de estas reformas se amplían los derechos de participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida nacional.
Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
Además de transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres.
Realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.