Washington D.C., Estados Unidos.- Frente a especialistas en la protección a los derechos humanos al nivel internacional precisó que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia privilegia una visión integral de prevención y contención, como la ruta para lograr un México más próspero, aseguró el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
En el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el político priísta mencionó que la implementación de la prevención como un factor eje en la estrategia de seguridad de la actual administración que busca bajar los niveles de violencia.
“México trabaja para ofrecer mejores resultados a sus ciudadanos en materia de seguridad, prueba de ello es que hoy en día se registra una reducción en el número de homicidios con respecto al mismo lapso del año pasado”, recordó.
Enfatizó que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia opera a nivel territorial en 80 municipios del país y dos delegaciones del Distrito Federal y cuenta con un fondo de 118 millones de pesos en 2013, mismos son canalizados para atender los factores de riesgo, institucionales y sociales que generan la violencia.
Además, resaltó que la actual política de prevención de la violencia y delincuencia del Gobierno de la República, es apoyada y respaldada por los gobiernos estatales y municipales, e incluida en el Pacto por México asegurando que la estrategia cuenta con un amplio apoyo político.
También, señaló que el programa cuenta con el trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno y con la participación activa de los ciudadanos con la finalidad de lograr un México en Paz.
En su oportunidad varios integrantes de la CIDH, entidad que tiene su sede en esta capital, coincidieron en señalar que México requiere contar con una política pública integral que permita determinar los alcances del problema del desplazamiento interno. "El desplazamiento interno en México no lo podemos desconocer", dijo aquí el comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator para México quien consideró que el tema es "importante y grave".
Escobar Gil comentó que frente a esta situación es necesaria una política pública integral en la materia, incluyendo medidas para identificar cual es esta población y en consecuencia el problema y el establecimiento de un mecanismo de alertas tempranas.
También, hizo eco de la posición de los peticionarios en el sentido de que la violencia provocada por el narcotráfico ha contribuido a este fenómeno, por lo cual estimó que "es importante que haya una ley de desplazamiento forzado".
De acuerdo con Laura Leal, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), un análisis hecho a partir de diversas fuentes apunta a que la cifra de desplazados podría alcanzar los 170 mil personas.