En tanto se inicia en el pleno la discusión sobre el presupuesto gubernamental, los legisladores del PRD Elena Tapia Fonllem, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soría, manifestaron preocupación porque en el PEF 2014 “no aparecen los montos que corresponden a las instancias creadas por la Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013, y reformada en mayo de este año”, situación que la convertiría en letra muerta.
En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo el 8 de septiembre, solo figura una partida para la ”Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto”, por 243 millones de pesos, anteriormente ejercida por Províctima.
López Suárez, en su carácter de integrante de la Comisión de Desarrollo Social, informó que esa partida “hoy no tiene ningún sentido, al contar con una Ley e instancias específicas en la materia, cuya creación tuvo un amplio consenso social”.
Por su parte, la diputada Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que la Ley General de Víctimas detalla cuáles son los requerimientos presupuestales para cumplir con su mandato.
Se necesita un fondo para financiar las medidas de reparación integral, que abarcan una variedad de temas que van desde la indemnización hasta el ejercicio de derechos sociales, el cual debe ascender al 0.014 por ciento del gasto programable por mandato del artículo 132 de la Ley, que equivaldría a unos 500 millones de pesos.
También se requiere integrar un gran equipo de profesionistas en psicología, medicina, trabajo social, entre otras áreas, para brindar una adecuada atención, personal que deberá estar adscrito a la Comisión Ejecutiva, como parte operativa del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Asimismo, indicó la legisladora, es necesario integrar el Registro Nacional para recopilar información sobre las personas que accedan al sistema. Señaló que finalmente se necesita dotar de recursos a la Asesoría Jurídica Federal, que contará con abogados para defender y asistir a las víctimas respecto a sus derechos”.
López Suárez, a su vez, aseguró que, sin recursos directos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estaría en riesgo “de convertirse en una estructura vacía, en una obra negra”, lo que sería muy grave ante los múltiples casos de violencia que ocurren a diario y deben atenderse.
“Tenemos una Comisión Ejecutiva plenamente integrada desde hace poco menos de un mes, que fue electa por el Senado, y que debe contar con todos los instrumentos financieros e institucionales para ejercer sus funciones”, recordó por su parte el diputado José Luis Muñoz Soria.
Insistió en que esta Comisión debe tener un pleno reconocimiento jurídico, presupuestario e institucional, “pues no olvidemos que debe tener contacto con todas las autoridades a nivel nacional y trabajar en conjunto por todas las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos”.
El Legislativo cumplió con su obligación de garantizar los derechos humanos al aprobar y reformar la Ley y en este momento es necesario dotar al sistema de atención a víctimas de recursos suficientes, “para que la Ley General no sea letra muerta”, concluyó.