Al advertir la urgente necesidad de terminar con el abuso de algunos grupos, ante la falta de un marco normativo que regule las protestas públicas, senadores del PAN, PRI, PRD y PVEM presentaron la iniciativa de Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas, en la que se prohíben los bloqueos y las manifestaciones en
vialidades de un solo carril, el bloqueo de entradas o salidas a inmuebles públicos o privados; el uso de ropa de tipo militar o policiaco y que los manifestantes se cubran el rostro.
En conferencia de prensa conjunta con los senadores Jesús Casillas Romero (PRI), Javier Lozano Alarcón (PAN), Ernesto Cordero Arroyo (PAN), Francisco Salvador López Brito (PAN), Luis Fernando Salazar Fernández (PAN), Víctor Hermosillo y Celada (PAN) y Ernesto Ruffo Appel (PAN), la legisladora Mariana Gómez del Campo indicó que esta iniciativa además de responder a una exigencia ciudadana, busca armonizar los derechos de manifestación, asociación y de libre tránsito.
La también integrante de la Comisión Especial de Movilidad en el Senado de la República, marcó claramente la diferencia de esta iniciativa frente a otras que se han presentado, pues ésta se distingue por ser producto de un consenso entre las distintas fuerzas políticas; también, porque no responde sólo a una necesidad local sino que va más allá, es de alcance nacional; además de ser una propuesta de vanguardia porque toma en cuenta experiencias internacionales y las mejora.
Al destacar las bondades de esta iniciativa, Gómez del Campo subrayó que ésta es una ley que cuida y amplía derechos, al retomar la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una jurisprudencia en la que contempla que la regulación de derechos fundamentales no es una limitante a su ejercicio.
“Obliga a las autoridades a respetar los derechos de quienes se manifiestan y a diseñar protocolos de actuación que privilegien el diálogo y dejen como última instancia el uso de la fuerza”, precisó.
También, añadió, retoma experiencias exitosas de otras partes del mundo, como es el caso de Reino Unido, España, Francia, Colombia, Rusia, Italia, Canadá, Egipto y ciudades como Nueva York donde existe legislación en la materia.
“Un ejemplo de esas acciones, es la obligación de dar aviso previo a las autoridades con 72 horas de antelación para que se tomen medidas de seguridad, se alerte a la población y se diseñen alternativas viales que se hagan de conocimiento público”, detalló.
De aprobarse esta propuesta, explicó, se obligará a las autoridades a que una vez que conozcan la intención de realizarse una marcha se instalen mesas de negociación para buscar dar solución a los manifestantes y se evite con eso afectaciones a terceros.
Y, en este sentido, aseguró, el aviso previo va a permitir que se lleve un registro puntual de quiénes son los organizadores de las marchas que serán responsables solidarios de lo que pudiera ocurrir y, en su caso, también serán responsables las autoridades cuando sean omisas.
Asimismo, se señalan puntualmente las atribuciones de las autoridades implicadas para evitar que se laven las manos. Desde los presidentes municipales o Jefes Delegacionales hasta el Jefe de Gobierno y el Presidente de la República. Y se dota de atribuciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los organismos estatales para actuar a petición de parte o por oficio.
De igual forma, se establecen horarios específicos -entre las 11:00 y las 18:00 horas- para realizar manifestaciones; para ello la autoridad contará con la facultad de modificar el recorrido por motivos de orden público y protección civil; sólo se podrá usar el 50 por ciento de las vialidades, siempre del lado de la acera derecha, y cuando la vialidad lo permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales. Se prohíben los bloqueos y las manifestaciones en vialidades de un solo carril, el bloqueo de entradas o salidas a inmuebles públicos o privados; el uso de ropa de tipo militar o policiaco y que los manifestantes se cubran el rostro.
En la iniciativa se establecen sanciones como amonestaciones, multas que van de los 11 a los 150 días de salario mínimo, arresto, reparación del daño. A su vez, se determina que la autoridad federal podrá ejercer acción cuando las autoridades estatales, municipales o del Distrito Federal sean omisas.
Cabe destacar que esta iniciativa fue suscrita por los senadores Jesús Casillas Romero (PRI), Isidro Pedraza Chávez (PRD), Pablo Escudero Morales (PVEM) y contó con el aval del Grupo Parlamentario del PAN.