Luego de que se han venido develando una serie de datos de un gigantesco fraude en materia de las campañas publicitarias durante el gobierno de Felipe Calderón, legisladores y senadores de la República ya comenzaron a demandar una investigación clara y no viciada sobre el caso de Alejandra Sota Miraflores, ex vocera del ex Presidente panista, por desvío de recursos, y tráfico de influencias.
En el caso están incluidos ex funcionarios panistas como es el caso de Max Cortazar y Carlos Olmos Tomasini, el primero ex vocero de presidencia y el segundo operador de las campañas publicitarias en la Secretaria de Salud entre 2010 y 2012 quien es investigado junto al empresario Naim Libien Kaui por asuntos relacionados a un autosecuestro y por supuestos beneficios que este obtuvo cuando Olmos Tomasini estuvo en la Secretaria de Salud. Esto incluye un supuesto caso de extorsión en contra de Olmos Tomasini por 20 millones de pesos.
En este sentido y ante las acusaciones el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió a la Secretaria de la Función Pública actúe "con estricto apego a derecho y que busque una imparcialidad y un cumplimiento puntual de las disposiciones legales" en la investigación que realizan a la ex vocera presidencial, Alejandra Sota Mirafuentes, por conflicto de intereses al beneficiar a sus amigos y ex colaboradores con contratos.
En conferencia de prensa, Madero indicó que el PAN pide que se esclarezca y se aclaren las acusaciones antes de "juzgar".
"Por lo que hablan de la investigación en la Secretaria de la Función Pública no tengo más que conocimiento periodístico y el PAN mantendrá la posición de buscar que se esclarezca y se aclaré cualquier procedimiento pero nunca juzgar, no podemos prejuzgar hasta que no haya investigación y conclusión y a la autoridad lo que le pedimos es que actúe con estricto apego a derecho y que busque una imparcialidad y un cumplimiento puntual de las disposiciones legales", detalló.
EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS
De acuerdo con una investigación periodística, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abierta una indagatoria en contra de la ex funcionaria por los presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias.
Sota Miraflores –quien desde julio pasado acude como becaria del programa Edward Mason a la escuela de gobierno John F. Kennedy, pese a no haber concluido la carrera de Ciencia Política en el ITAM– es investigada porque supuestamente favoreció a amigos y ex compañeros de esa institución educativa en el otorgamiento de contratos desde Los Pinos.
Con base en información obtenida de la SFP y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el diario consigna que la ex vocera presidencial presuntamente encabezó un grupo de amigos y colegas universitarios que se habrían coludido durante el sexenio de Calderón en beneficio a una sociedad llamada Defoe Experts on Social Reporting y de la empresa Milenio Consultores.
Ambas firmas eran propiedad de José Alonso Arango Pérez y Yamil Nares Feria, quienes fueron compañeros de estudios de Sota en el ITAM.
A las dos empresas se les habrían entregado, de acuerdo con las primeras informaciones, 45 millones de pesos durante tres años, desde mediados de 2009 hasta noviembre de 2012, en contratos con la Presidencia, el IMSS y la Secretaría de Gobernación.
En el caso de Los Pinos, el grupo canalizó siete contratos a Defoe, sociedad civil dirigida por Yamil Gustavo Nares Feria, quien incluso ostentó el cargo de subdirector de Opinión Pública en la Presidencia de la República.
En julio de 2010, Sota ocupó el cargo de vocera presidencial en sustitución del panista Max Cortázar, quien trabajó con Felipe Calderón desde la campaña presidencial de 2006. Cortázar tampoco tenía título universitario.
LA OTRA INDAGATORIA
De acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de la Función Pública, en los ejercicios de 2010 y 2012 la Dirección General de Comunicación Social de Salud superó las autorizaciones presupuestales giradas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Estas eran ordenadas desde la vocería de la Presidencia de la República, por Maximiliano Cortázar y Alejandra Sota, respectivamente.
Al margen de la auditoría trascendió en la SFP que sin contar con “suficiencia presupuestaria”, en 2010 y 2012 el funcionario firmó 629 contratos con diversos medios de comunicación, mismos que constituyeron dos sobregiros por más de 797 millones de pesos.
Ha trascendido que las auditorías se centran en el gasto de las campañas publicitarias para los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Tan sólo en ese trienio, la dependencia –entonces encabezada, sucesivamente, por José Ángel Córdova y Salomón Chertorivski– gastó 4 mil 605 millones 802 mil pesos en publicidad oficial, revela la Secretaría de Gobernación en la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0000400091513.
En el caso del primer sobregiro, el expediente 2012/SS/DE186 señala que se investigan a los servidores públicos que, por actos u omisiones en su gestión, “formalizaron 369 contratos por 480 millones 171 mil pesos de las tres campañas en los meses de junio, septiembre y noviembre de 2010 sin contar con suficiencia presupuestara”.
Al respecto, los documentos de la Función Pública indican “que el 7 de junio de 2010 se formalizaron 173 contratos por 212 millones 961 mil 500 pesos, para la versión de ‘Infraestructura y equipamiento médico’; el 10 y 24 de septiembre de 2010 [los servidores públicos] formalizaron 138 contratos por 120 millones 987 mil 400 pesos, para las versiones de ‘Alcohol’ y ‘Antibióticos sólo con receta médica’, y el 19 de noviembre de 2010, 58 contratos por 146 millones 222 mil 100 pesos, para la versión de ‘Mortalidad materna’”.
Agrega que, para ello, la Dirección General de Comunicación Social –a cargo de Olmos Tomasini– emitió “oficios sin número” el 31 de mayo, 30 de agosto, 8 de septiembre y 2 de noviembre de 2010, en los que “señaló la existencia de disponibilidad presupuestaria, no obstante que no contaban con recursos disponibles”.
En el caso del sobregiro de 2012, por 316 millones 979 mil 408 pesos, los 260 contratos no fueron pagados en el sexenio calderonista ni se saldarán en esta nueva administración: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó a la de Salud el aumento del presupuesto que solicitó para pagar esos compromisos contractuales, adquiridos antes del veto publicitario impuesto por la elección presidencial.
Por ello, desde diciembre pasado los empresarios de los medios a los cuales se les adeuda han “amenazado” con demandar a la Secretaría de Salud por fraude; además, han visitado en varias ocasiones a Olmos Tomasini para intentar gestionar por todas las vías posibles el pago.
De acuerdo con la auditoria realizado por la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Auditoría Gubernamental. En la que se investiga el caso de la Dirección General de Comunicación Social de la secretaría de Salud. Oficio No UAGA-210 358/2013 del 16 de julio de 2013 se concluye que si hubo desfalco. Y reitera que primero No se acreditó ni se sustentó la justificación y el dictamen para la adjudicación directa de los contratos para la prestación de servicios de difusión en medios complementarios de las campañas Adicciones versión “Alcohol” y Fomento a una nueva Cultura de salud versión “Mortandad materna” 2010. Incluso en esto mismo asunto se acreditó que hubo incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos de medios complementarios. Esto porque no hubo evidencia documental de liberación de fianza a cinco prestadores de servicios y detalles de estos contratos que pide la normatividad para el caso.
Ante el cúmulo de irregularidades en las campañas publicitarias emprendidas por el gobierno federal en la Secretaría de la Salud, la Secretaría de la Función Pública documenta dos sobregiros presupuestales en las contrataciones de espacios publicitarios con medios de comunicación en los que incurrió indebidamente la Secretaría de Salud, por 797 millones 150 mil 408 pesos, ocurridos en los ejercicios de 2010 y 2012.
En el primer caso se trata de 480 millones 171 mil pesos relacionados con 369 contratos con diversos medios; en el segundo, de 316 millones 979 mil 408 pesos vinculados a 260 contrataciones fuera del presupuesto.