Presionados por el tiempo, y enfrascados en las discusiones por las reformas político-electoral y energética, los diputados sacaron uno más de los asuntos pendientes de la agenda legislativa y aprobaron, en la plenaria de este jueves, reformas a la Ley Agraria sobre el uso y operación de las parcelas escolares, donde los alumnos de las zonas rurales y periurbanas reciben una educación que los capacita para desarrollar e innovar la producción agrícola.
La parcela escolar es una institución histórica del Derecho Agrario, que ha sido regulada por diversos ordenamientos jurídicos desde el Código Agrario de 1940 y actualmente por el artículo 70 de la Ley Agraria del año de 1992, recordaron los legisladores.
Los diputados le hicieron modificaciones para precisar algunos aspectos relacionados con los productos que genera la parcela escolar.
Se plantea, por ejemplo, que el 80 por ciento de los productos o utilidades se destinen al beneficio de la escuela, como a mejorar sus instalaciones, su conservación y mantenimiento y adquisición de mobiliario y equipo. El restante 20 por ciento se podrá entregar al director y a los maestros de la escuela, como apoyo a la relevante tarea que desempeñan.
Precisa que la propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar, corresponden al ejido y será administrada por los integrantes del Comisariado Ejidal y Comunal y por el Consejo de Vigilancia, así como la directiva de padres de familia y de maestros de las escuelas, actuando conjuntamente.
Estos podrán contratar los créditos respectivos y otorgar en garantía el usufructo parcelario, sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la cual informarán anualmente, subraya el dictamen, que se turnó al Senado para su ratificación.
Por otra parte, al conmemorar el 102 aniversario del Plan de Ayala, suscrito por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911, legisladores de los distintos grupos parlamentarios plantearon impulsar políticas públicas y estrategias agrarias que permitan atender la difícil situación que vive el campo.
Maricela Velázquez Sánchez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, se pronunció por la adecuación del Plan de Ayala para reestructurar las estrategias agrarias y responder a las demandas del campo y sus trabajadores. Afirmó que los actores políticos están llamados a reactivar el campo mexicano y así respetar los ideales de la revolución mexicana.
A su vez, el diputado del PAN, Juan Pablo Adame Alemán, recordó el lema del Plan de Ayala, “Libertad, Justicia y Ley”, y señaló que su mayor importancia radica en que con sus acciones se canalizaron con sencillez las inquietudes campesinas.
En la actualidad se requieren acciones que promuevan la humanización del campo con infraestructura, gestión de nuevas tecnologías, fortalecimiento de la cadena productiva, así como impulso a la comercialización y aprovechamiento de los productos agrícolas, indicó.
El perredista Francisco Rodríguez Montero exhortó a las demás fracciones a legislar con congruencia la reforma energética y respetar la lucha revolucionaria y los logros alcanzados por el derramamiento de sangre de esa época.
Manifestó la necesidad de que el Congreso, a propósito de las discusiones sobre la reforma energética, tenga en cuenta los objetivos que buscaban los revolucionarios de aquella época, para no trastocar sus ideales. Comentó que las reformas son y seguirán siendo las vías para el desarrollo del país, pero las modificaciones energéticas deben darse para modernizar a Pemex y no privatizarlo, subrayó.