El Pleno del Senado aprobó en lo general la Reforma Política con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó en lo general la Reforma política que prevé la reelección consecutiva para los diputados federales que sean electos en 2015 y para los senadores electos en 2018, así como se establece Se establece como causal de nulidad para cualquier elección federal o local el rebase de topes en los gastos de campaña en un cinco por ciento del monto autorizado.
Además, la reforma modifica el sistema político mexicano, para establecer la posibilidad del Gobierno de Coalición; la obligación del Congreso de ratificar al Gabinete Presidencial; otorga autonomía al Ministerio Público y crea la Fiscalía General de la República.
También se establece que el porcentaje de votación para mantener el registro como partido político pasará de dos a tres por ciento. Los candidatos independientes tendrán acceso a las prerrogativas y tiempos de difusión para campañas.
Así el PRI, el PAN, el PVEM, aprobaron la polémica reforma, aunque algunos senadores perredistas como Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Alejandra Barrales, Luz María Beristain Navarrete, Angélica de la Peña, Fidel Demedecis Hidalgo, votaron también favor del dictamen. Los votos en contra fueron de sus demás compañeros perredistas y la senadora del PAN, Mónica Arreola, fue quien se abstuvo.
Después de cuatro horas y media de debate en lo general, en lo particular se realizaron reservas a los artículos 26, 41, 54, 55, 59, 90, 102, 115 y 116 constitucionales; asimismo a seis artículos transitorios de esta reforma. Se esperaba que participaran en este debate más de 50 oradores.
Durante la discusión, integrantes del colectivo Reforma Política fueron retirados de las galerías del Senado, luego de que intentaron manifestarse y lanzar consignas en contra del proceso legislativo.
Luego de un largo receso, el pleno del Senado dio primera lectura al dictamen de la reforma política que tiene reformas en 60 artículos de la Constitución.
Crea el Instituto Nacional Electoral (INE) y se garantiza su autonomía constitucional, Se hará cargo de los procesos electorales locales previo convenio con las autoridades electorales locales de carácter administrativo. Su Consejo General será su órgano superior de dirección, que se integrará por un Consejero Presidente y 10 Consejeros Electorales. Concurrirán con voz pero sin voto los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los Partidos Políticos y un Secretario Ejecutivo.
Tribunal Electoral resolverá la determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas, a personas físicas o morales que infrinjan la ley. Podrá resolver las acciones promovidas por la violación a normas sobre propaganda política y electoral a la realización de actos anticipados de precampaña o campaña.
Los magistrados electorales durarán en su encargo 15 años improrrogables y serán electos por las dos terceras partes de los miembros del Senado, previa convocatoria pública. Los que se encuentran en funciones continuarán en su encargo hasta en tanto no se realicen los nuevos nombramientos en términos de la Constitución.
La reforma da autonomía y cambia de nombre a la Procuraduría General de la repúblic que ahora se denominará Fiscalía General de la República, y contará con dos fiscalías en materia electoral y de anticorrupción. El Fiscal General, quién estará en su cargo durante 9 años, será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado y podrá ser removido libremente por el Ejecutivo Federal, aunque la remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara Alta. La autonomía del Ministerio Público de la Federación, para que la investigación y persecución de los delitos del fuero federal se realice con independencia de la administración en turno o de las decisiones políticas.
La Reforma Política también posibilita los gobiernos de coalición en forma optativa es decir, la mujer u hombre que ocupe el poder ejecutivo en el 2018 tendrá como facultad, la potestad de coaligarse con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Si así lo decidiera, tendrá que ser ratificado su gabinete por el Senado de la República con excepción de los Secretarios de Marina y de la Defensa Nacional.
De no existir en el 2018 la Coalición, se obliga a quien ocupe la Presidencia de la República a ratificar al Secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados, y al de Relaciones exteriores por el Senado.
ESTABLECE QUE LA REELECCIÓN LEGISLATIVA NO APLIQUE PARA LOS ACTUALES DIPUTADOS Y SENADORES
Se anula la elección si los gastos de campaña rebasan el 5 por ciento del tope de campaña. Si se anula, se llamará a nuevas elecciones, en las que no podrá participar la persona sancionada. Cuando se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, y si se recibe o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”, también se podrán anular los comicios.
Los diputados federales podrán reelegirse hasta cuatro veces, y los senadores hasta dos veces; mientras que los alcaldes tendrán el derecho de repetir, hasta en una ocasión en sus puestos para servir mejor a sus ciudadanos. También prevé la elección consecutiva de los ayuntamientos por un periodo adicional, siempre y cuando el mandato no sea superior a tres años; y la de diputados locales hasta por cuatro periodos consecutivos. Como resultado, la reelección legislativa se aplica a los Diputados Federales que sean electos a partir del 2015 y para los Senadores elegidos en 2018. La reelección de alcaldes no quedará a la discrecionalidad de los congresos locales, sino que será garantizada por la Carta Magna. Respecto a los cambios de partido de los aspirantes para contender en las elecciones, el candidato deberá haber renunciado a su anterior partido, a la mitad de su encargo para poder ir por otro instituto político.
RECUADRO
Se incorporan las candidaturas independientes.
El Presidente de la República, tomará su encargo a partir del 1° de octubre del 2018.
Autonomía al Coneval que se encargará tanto de la medición de la pobreza, como de la medición de los programas sociales.
Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública tendrán que ser aprobados y revisados por el Congreso.
Se le dan nuevas atribuciones al Consejero Jurídico del Gobierno, quién será el conducto del Ejecutivo para representar a la Federación en los asuntos en que esta sea parte.
Las normas secundarias se tendrán que aprobar a más tardar en el segundo periodo ordinario de sesiones del 2014.