El Partido de la Revolución Democrática denunció que la pretendida Ley de Manifestaciones Pública en el Distrito Federal, que impulsan los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, no sólo es anticonstitucional, sino que viola diversos tratados y convenios internacionales.
Lo anterior en virtud de que México ha asignado para garantizar el pleno respeto de la libertad de expresión que tienen los seres humanos, sentenció el diputado federal perredista Carlos Augusto Morales López.
El diputado perredista afirmó que esta iniciativa además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transgrede diversos apartados la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos, así como de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, instancias y convenios a nivel mundial de los que México forma parte.
Dijo que en estos tratados y convenios México se ha comprometido a garantizar plenamente el derecho a la libertad de expresión de sus habitantes, no sólo como una garantía a nivel nacional, sino como un derecho humano universal.
En su calidad de integrante de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados, Carlos Augusto Morales consideró que el origen injerencista de la propuesta del PAN, que es apoyada por el PRI y el Partido Verde, sobre la autonomía de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la hacen totalmente controvertible ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la seguridad de ser revertida.
Al respecto comentó: “El PAN y el PRI, a nivel federal y desde el Congreso de la Unión, pretenden impulsar una ley para reglamentar las marchas y manifestaciones, con una intención y tintes totalmente injerencistas, pues hacen de lado, ignoran a la Asamblea Legislativa que es el órgano a través del cual se tiene legislar en la materia. Yo me pregunto, por qué estos partidos no hacen lo mismo con otros estados, otras entidades donde también hay marchas a cada rato, porque ahí sí respetan la autonomía de los congresos”.