En el momento en que fue bloqueada en el Senado la Ley de Consulta Popular, el PRI y PAN evidenciaron más su temor de escuchar la voz de la ciudadanía a la que representan, aseguró el diputado perredista Carlos Augusto Morales, y sentenció que de esta manera se protegen de que los ciudadanos sean los que aprueben o rechacen actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión e incluso actos administrativos del Presidente de la República.
El diputado federal perredista recordó que la consulta popular, es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen el derecho de expresar su opinión respecto de los temas de trascendencia nacional a través del voto y sirve para que sean ellos los que aprueben o rechacen actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión e incluso actos administrativos del Presidente de la República.
Insistió en que los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional temen porque la Consulta Popular presenta una oportunidad para que los ciudadanos puedan expresarse y así incidir legalmente en las decisiones legislativas y de gobierno que sean de trascendentales para el desarrollo del país.
“El PRI y el PAN le tienen miedo al gobierno representativo. Es cierto que nosotros como legisladores, diputados o senadores, tenemos el mandato de los ciudadanos para procesar y discutir temas complejos, pero también tenemos la obligación de escucharlos, porque nosotros somos su voz en el Congreso de la Unión”, indicó.
Sin duda, agregó, la Consulta Popular es un mecanismo importante de control social y de poder al alcance de los mexicanos, el cual fomentará la formación de políticos más responsables y capacidades.
De esta forma, el diputado comentó que la Ley Federal de la Consulta Popular exige que al menos 45% de los ciudadanos facultados para votar participe y así el resultado de la votación sea obligatoria, sin importar qué porcentaje votó a favor o en contra, ya que ello sólo determinará en qué sentido será la obligación que se desprenda para el Poder Legislativo o Ejecutivo.
Con este dictamen ninguna persona física o moral podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos, otorgando la facultad al Instituto Federal Electoral (IFE) para que sea quien promueva la difusión y la discusión informada de las consultas que sean convocadas.