El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña envió cartas al gobernador del estado de Texas, Rick Perry, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del mismo estado, solicitando el aplazamiento de la ejecución o la conmutación de la sentencia del mexicano Edgar Tamayo Arias, programada para el 22 de enero de 2014.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las cartas refieren que hasta el día de hoy está pendiente el recurso de revisión judicial que la Corte Internacional de Justicia confirió a Tamayo Arias, junto con otros 50 mexicanos, mediante su fallo en el llamado caso Avena (2004).
Esta revisión permitiría evaluar si la violación de los derechos a la notificación y acceso consular establecidos en el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, fue determinante en la imposición de la sentencia de la pena capital.
En julio de 2008, el gobernador Rick Perry, en cartas dirigidas a los entonces Secretaria de Estado Condoleezza Rice, y Procurador General de los Estados Unidos Michael Mukasey, prometió que Texas apoyaría la revisión de los casos de violación al artículo 36 de la Convención de Viena, hecho al que hace referencia la carta del canciller.
La posible ejecución de Edgar Tamayo Arias el 22 de enero de 2014 constituiría el tercer caso de aplicación de pena de muerte a un mexicano que es parte del fallo Avena, pues los mexicanos José Ernesto Medellín y Humberto Leal García, fueron ejecutados en 2008 y 2011, respectivamente.
La carta del secretario Meade Kuribreña encabeza la lista de acciones de apoyo a la suspensión de la ejecución de Edgar Tamayo desplegadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como por distintos actores nacionales e internacionales entre los que destacan: senadores y diputados mexicanos, el Gobernador del estado de Morelos (de donde es oriundo Tamayo Arias), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Parlamento Europeo, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Evangélicos Latinos en los Estados Unidos, entre otros.