Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones fiscales y presupuestarias ahora la Cámara de Diputados tiene la obligación de aprobar, junto con las leyes secundarias en materia energética y de telecomunicaciones, la creación del órgano nacional anticorrupción que combata la opacidad en el ejercicio público, afirmó el vocero de la
diputación del PRD, Carlos Reyes Gámiz.
Señaló que la reforma correspondiente aprobada por el Senado en diciembre pasado, “no tiene marcha atrás” y deberá ser avalada en el período legislativo que inicia en febrero, sobre todo por la cantidad de recursos históricos que ejercerá el gobierno federal durante el ejercicio fiscal 2014.
Aseguró que desde el momento en que el Ejecutivo envió al Senado la iniciativa de ley para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, y al ser aprobada por ese cuerpo colegiado el último mes de 2013, la Secretaría de la Función Pública (SFP) entró “en una fase terminal”, pues ya no tiene razón de existir.
Incluso, agregó, desde el inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, dicha dependencia “ni siquiera tiene titular”, lo que “es una paradoja que un órgano de control, de fiscalización, precisamente de esos recursos que tiene que ver con obra pública y políticas públicas, que tiene que ver con programas sociales, esté acéfalo y que no exista la Comisión Nacional Anticorrupción”, dijo.
Advirtió que ninguna de las reformas estructurales promovidas para transformar al país tendrá éxito si no va acompañada de acciones concretas y precisas, que cierren el paso a los actos de corrupción que prevalecen en todos los ámbitos y niveles de gobierno.
Dijo que aún cuando el gobierno y los partidos acompañaron sus propuestas legislativas e imprimieron todo el esfuerzo para que se aprobaran, incluso de manera apresurada, se olvidan de acelerar la instrumentación de medidas que acaben con el flagelo de la corrupción, el cual podría llevar al fracaso a las reformas estructurales que tanto se pregonan.
“Desafortunadamente la corrupción se da en todos los niveles de gobierno y es lamentable que se vea incluso como un asunto normal. Las instituciones, los legisladores y los partidos políticos tenemos la obligación de revertir esta situación”, subrayó.
Reiteró su llamado de avanzar en la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada, como punto de inicio para solucionar el problema, el cual se ha convertido en un tema casi de carácter cultural en México, mismo que a la vista de la ciudadanía se considera hasta normal, porque “el gobierno sigue operando en las mismas circunstancias y parece que no le interesa tener mayores controles en términos de corrupción”, indicó.
Consideró necesario mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público; fortalecer las acciones de transparencia, la rendición de cuentas y la mejora de la gestión en cuanto a los programas que atienden a los grandes segmentos de la población que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Además propone regular el gasto en Publicidad Oficial y alcanzar una verdadera armonización contable a nivel gubernamental.