Continúan las controversias en la Cámara de diputados por la discusión de las legislación secundaria de las reformas energética, política y de telecomunicaciones, porque mientras que el presidente de este congreso, Anaya Cortés (PAN), afirmó que en el segundo periodo será prioridad concretar la legislación secundaria energética, política y de telecomunicaciones, su vicepresidente, José González Morfín (PAN), consideró necesario que los congresos locales faltantes aprueben ya la reforma político-electoral.
En tanto que el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, sostuvo que el año 2014 será el de la consolidación de las reformas constitucionales para la transformación de México, mediante la legislación secundaria.
Mientras que por su parte, el coordinador del PAN, Luis Alberto Villarreal García, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a aceptar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma hacendaria que el viernes pasado presentaron diputados del PAN, PRD, MC y PT.
De esta manera, crecen las controversias en torno al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de esta LXII Legislatura, que inicia el próximo 1 de febrero, donde habrán de discutirse entre las leyes más importantes las de las reformas energética, política y de telecomunicaciones.
El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés aclaró que adicionalmente a los temas que presentarán los grupos parlamentarios en sus respectivas agendas legislativas, existe un plazo legal de 120 días naturales, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, para elaborar la legislación secundaria de la Reforma Energética. “Este plazo vence el próximo 19 de abril, y los diputados habremos de respetarlo”, dijo el presidente de la Cámara en un comunicado.
Anaya Cortés dijo que en cuanto a la Reforma Política, tan pronto como sea aprobada por la mayoría de las legislaturas locales, el plazo para emitir la legislación secundaria vence el 30 de abril, período en el cual se deberán crear leyes que regulen los partidos políticos nacionales y locales, los procedimientos y delitos electorales, así como establecer una ley reglamentaria del artículo 134, párrafo 8, de la Constitución, en materia de gasto en comunicación.
Por lo que hace a la Reforma en Telecomunicaciones, comentó que, entre otros aspectos, se deberán establecer las sanciones a las prácticas monopólicas; expedir un solo ordenamiento que regule el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones; crear un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones; establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión; y establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente.
Por su parte, el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Cámara de Diputados, confió en que, en las próximas semanas, los congresos locales puedan analizar el tema y aprobar la reforma que les turnó el Congreso de la Unión.
“Tengo la confianza de que en las siguientes semanas los congresos locales podrán hacer una revisión adecuada de lo que implica esta reforma política y podrán apreciar en su justa medida la necesidad de contar con nuevos mecanismos electorales, con nuevas formas de democracia y con recursos que abonen a la equidad en la competencia, a la transparencia y a la confianza de parte del ciudadano”, dijo.
Señaló que la aprobación de la reforma por parte de los congresos locales permitirá destrabar el avance de otras modificaciones que siguen pendientes en sus leyes secundarias y agilizará la agenda legislativa, “porque el tiempo apremia”.
Finalmente expresó que la trascendencia de la reforma político-electoral “va más allá de procesos de coyuntura”, ya que las modificaciones a diferentes legislaciones que se hicieron “pretenden trascender los comicios durante décadas”, sobre todo a partir de la creación de un nuevo organismo electoral.
A su vez, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, dijo que: “El ciclo de las reformas necesarias continúa en esta nueva etapa del proceso legislativo, en el cual discutiremos y eventualmente aprobaremos las normas secundarias que permitan instrumentar los cambios constitucionales, además de considerar otras reformas a leyes ordinarias que tenemos pendientes”.
Los diputados del PRI, afirmó, intensificarán el trabajo desarrollado en 2013, “el cual permitió sentar las bases constitucionales de la transformación del país con base en acuerdos parlamentarios y políticos y una ruta estratégica que ha cambiado en forma positiva las expectativas de la población”.
Beltrones Rivera señaló que, a pesar de la complejidad del entorno económico, durante 2013 se logró poner en marcha el proyecto de transformación nacional y se obtuvo reconocimiento interno y externo “por el alcance de las reformas y la capacidad de cambio y de consenso demostrada”.
“Ahora, es indispensable completar, con oportunidad, eficacia técnica y precisión jurídica, el proceso legislativo de las reformas constitucionales, ya que cada una de ellas resulta imprescindible para transformar el perfil del país y lograr que se traduzcan, de forma palpable, en una educación de calidad, seguridad social, precios accesibles de energía, mercados competitivos, seguridad pública y confianza plena en el sistema de impartición de justicia”, subrayó.
PAN PROTESTA CONTRA REFORMA HACENDARIA
Por si fuera poco, el coordinador del PAN, Luis Alberto Villarreal García, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a aceptar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma hacendaria que el viernes pasado presentaron diputados del PAN, PRD, MC y PT.
El recurso legal, presentado por 114 diputados del PAN, 25 del PR, 19 de Movimiento Ciudadano y 14 del PT, tiene como finalidad evitar los efectos negativos de muchos de los preceptos de la reforma del gobierno federal, aprobada en diciembre pasado, principalmente por legisladores el PRI, recordó.
En este sentido, el coordinador panista explicó que la Reforma Fiscal hacendaria “lesiona gravemente a la sociedad y pone un freno al desarrollo de la economía del país” y las nuevas medidas impositivas “afectan a amplios sectores de la economía que sostienen el desarrollo del país, entre ellos a pequeños y medianos empresarios, al igual que a la gran mayoría los consumidores”.
En la acción de inconstitucionalidad se pide a la Suprema Corte que se revierta el aumento en la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la eliminación de deducciones para dicho gravamen; así como la desaparición del régimen tributario para Pequeños Contribuyentes (Repecos), por considerar que atenta contra el crecimiento económico y desincentiva el pago de impuestos a los mismos, explicó.
Asimismo, se solicita revertir la homologación del Impuesto al Valor Agregado en los estados fronterizos del país, “por colocar en una situación de franca desventaja a los ciudadanos que viven del lado mexicano respecto de los de otros países con quienes comparten frontera”.