Un exhorto realizó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al gobierno de Texas a postergar la ejecución de la sentencia que condena al morelense Édgar Tamayo Arias a la pena de muerte, para que se agoten todos los medios de defensa posibles a favor de su vida.
Cabe recordar que en 1994 el mexicano fue sentenciado a muerte por el asesinato de un policía en Houston, Texas, y desde hace entonces se encuentra recluido en prisión.
Diez años después, añade, la Corte Internacional de Justicia declaró que Estados Unidos vulneró los derechos del debido proceso del mexicano, específicamente los contemplados en la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, firmado el 24 de abril de 1963.
Por tal motivo, los diputados destacaron en su petición que cuando Tamayo fue detenido no le notificaron que tenía derecho por ley a contactar al consulado mexicano, por lo que el Estado mexicano llevó su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas.
La propuesta impulsada por la senadora Lisbeth Hernández Lecona (PRI), señala que “Édgar Tamayo Arias es uno de los tantos mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos”, y que viajó a ese país en busca del sueño americano a los 18 años de edad.
La senadora comentó que el morelense es uno de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos amparados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que ordenó revisar todos los casos, y a pesar de ello la Suprema Corte de Justicia
Resaltó que hasta ahora dos mexicanos sentenciados a muerte que fueron amparados por la Corte Internacional, ya han sido ejecutados. El caso de Édgar Tamayo es el primero en no recibir ningún tipo de revisión a sus quejas relacionadas con la falta de notificación consular.
El 17 de septiembre del 2013, se le dictó fecha para la ejecución de su sentencia al morelense Édgar Tamayo, pena de muerte mediante la inyección letal, para el próximo 22 de enero.
Recalcó que pese a las diversas gestiones que han realizado las autoridades mexicanas a favor de la revisión del caso, y a las misivas enviadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de Morelos, en las que se apela por su vida, el gobernador de Texas, Rick Perry, fijó una postura inflexible sobre la situación del mexicano.