La senadora Dolores Padierna presentó un punto de acuerdo ante la Permanente donde pide exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, informe si agentes antidrogas estadounidenses operan en territorio mexicano y cuáles son sus actividades.
La vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República propuso que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie una investigación acerca de las presuntas reuniones de agentes de la DEA con narcotraficantes mexicanos y, en su caso, finque responsabilidades por esos hechos.
Refirió que fuentes periodísticas publicaron resultados de una investigación que cita presuntas fuentes oficiales y declaraciones de agentes estadounidenses, y revela que en los últimos años la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades de ese país se habrían reunido con integrantes de grupos delictivos.
El punto presentado en la Comisión Permanente por la también secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, cita:
“Basada en documentos oficiales de ambos países, las notas contienen abundantes datos respecto a que el gobierno de Estados Unidos, a través de diversas agencias, pudo haber pactado con los cárteles del narcotráfico, que lo ha hecho en territorio nacional en abierta violación a la Constitución y las leyes mexicanas”.
La legisladora del PRD añade que desde que se dieron a conocer los cables de Wikileaks, la revelaciones sobre la injerencia ilegal de Estados Unidos no han parado.
“En un momento como el que vive hoy nuestro país en Michoacán, es indispensable retomar el rumbo del Estado de derecho y del apego al orden constitucional. La cooperación bilateral y la política de seguridad del gobierno debe transparentarse, ser sujeto de un efectivo control parlamentario y de la opinión pública”, advirtió.
Padierna Luna externó que desde hace tiempo se ha venido insistiendo en la necesidad de informar al Senado sobre los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad, sin que el gobierno haya respondido con la seriedad y urgencia que reclama la situación en la que se vive.