El surgimiento de los grupos de autodefensa en el país es un “mal necesario” y una opción “absolutamente legítima” ante la ineficiencia de las autoridades para brindarle paz y seguridad a la población, señaló Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
El activista reapareció públicamente en defensa a los grupos de autodefensa de Michoacán que pelean en contra de las organizaciones criminales, asegurando que buscan regresar la paz y brindar seguridad a sus conciudadanos.
En el marco de la presentación del Informe “No more guns”, el morelense que perdió a su hijo de manos del crimen organizado explicó que no existe ningún control por parte de ambos países en controlar el tráfico ilegal de armas de fuego por la frontera norte del país.
“Si hubiese control de armas no tendríamos que tener una población en autodefensa. Pero si esto no lo están haciendo las autoridades”, explicó.
Por lo anterior, detalló que está en contra de la opresión en contra de los grupos de autodefensa, indicando que “no pueden quedarse sin armas, recordando que ninguna sociedad puede tolerar que los gobiernos dejen de lado su responsabilidad a favor de proteger a la sociedad que es asediada por los grupos criminales.
Indicó que mientras no se limiten las armas, la población tienen que defenderse, indicando que la única manera para que el gobierno recupere el estado de derecho es el control de las mismas, explicando que “año por año” ingresan a México ciento de miles de armas, aunque la cifra gubernamental sea menor.
En tanto, el informe indica que la oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés)- se da a conocer una base de datos según la cual entre 2006 y 2010 ingresaron a México 2 mil 921 armas de fuego desde la Unión Americana, muchas de las cuales sirvieron para cometer diversos ilícitos.
Se detalla, que unas 60 mil armas al mes entran al país a un ritmo de 2 mil 500 diarias, recordando que la mayoría son provenientes de 9 mil armerías que se encuentran ubicadas en la frontera sur de Estados Unidos, a quienes el gobierno del vecino país del norte les permite operar.
Es decir, el 50.33 fueron adquiridas en el estado de Texas, el 29.17 por ciento en Arizona y dos de cada cinco fueron incautadas después en Sonora y Tamaulipas, de las cuales el 40% fueron decomisadas por razones de posesión ilegal, mientras que el 14 “ está relacionada con algún homicidio, actos cometidos en su mayoría por jóvenes de 20 a los 34 años de edad.
También, recalcó que la población tiene que defenderse y el Estado mexicano no ha garantizado la seguridad por lo que existe un estado de indefensión que ha llevado a la formación de esos grupos, asegurando que la estrategia en contra de la violencia que está aplicando el actual gobierno es la misma que el anterior.
Destacó, que detrás de cada uno de los dos mil 921 casos que se encuentran en la base de datos analizada por el MPJD y la organización Fellowship of Reconciliation (FOR), existen cientos de rostros, historias y familias fragmentadas.
El informe demuestra que la frontera Norte tienen las puertas abiertas a las armas, el dinero sucio y a las drogas, enfatizando que sin embargo es cerrada para las miles de personas que han sido desplazadas por la Guerra del Narcotráfico, recordando que las armas son utilizadas por los grupos criminales para robar, extorsionar, secuestrar y desaparecer personas.
Y advierte que mientras siga instalada en México una guerra fruto de una política global de combate contra las drogas asistida por la industria armamentista norteamericana, que arma tanto a las fuerzas del Estado mexicano como a las del crimen organizado, seguirán siendo los mexicanos quienes mueran, sufran y teman; sin que por ello disminuya en nada ni el tráfico ni el consumo.
Finalmente, el informe indica que la mayoría de las armas 44.79 por ciento, le fueron incautadas al grupo criminal de los Zetas en diversos operativos realizados en el estado de Tamaulipas.