El gobierno de México se ha conducido con "ambigüedades" e improvisación ante el avance de los autodefensas, creados para combatir a carteles de narcotraficantes, señaló la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), reiterando en su informe de 500 hojas que el país y su gobierno mantiene alta la impunidad en los casos de tortura por parte de los cuerpos de seguridad en contra de los ciudadanos, así como el de ignorar los caso de desaparición forzada.
El escrito indica que "el gobierno ha obtenido pocos avances" pese a que el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, reconoció a principios de su administración que la ‘guerra contra el narcotráfico’ iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y además de haber promulgado una ley destinada a asegurar los derechos de las víctimas.
"El sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos, y se asegura así su impunidad", señala el escrito.
En el apartado de desapariciones, el texto indica que fuerzas de seguridad en el país han participado en numerosas acciones de este tipo desde el gobierno de Felipe Calderón, sin embargo apunta que en la administración de Peña Nieto éstas continúan, incluso en algunas en "colaboración directa con organizaciones delictivas".
"Es común que policías y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas de investigación para buscar a personas desaparecidas o identificar a los responsables de su desaparición, y frecuentemente se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos", agrega HRW.
La organización denota también que pese a que se creó un área especializada a la investigación de desapariciones dentro de la Procuraduría General de Justicia (PGR), hasta el momento de la redacción del documento "no había demostrado adelantos significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas".
Respecto a impunidad de abusos militares, el organismo denuncia que la decisión de que las Fuerzas Armadas combatan al narcotráfico y la delincuencia organizada ha provocado violaciones de derechos humanos generalizadas.
En este sentido detalla que de las 5 mil 600 investigaciones que inició la Procuraduría General de Justicia Militar por presuntos abusos cometidos por soldados contra civiles entre enero de 2007 y mediados de 2013, tan sólo había condenado a 38 militares por violaciones de derechos humanos hasta octubre de 2012.
En el apartado de 'Tortura', HRW señala que "es común que en México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción".
La organización describe que las prácticas más frecuentes de tortura en el país van de golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual.
Además de que son muchos los jueces que aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba.
"La PGR aplicó el protocolo en 302 casos entre 2003 y agosto de 2012, y encontró signos de tortura en 128", señala el escrito.
Otro de los aspectos que acentúa HRW es "la débil aplicación de la ley" la cual ha contribuido al surgimiento de nuevos grupos de autodefensa en algunas regiones del país.
Al respecto manifiesta que el sistema actual no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos.
El informe describe que la implementación de medidas para garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos, como la Ley General de Víctimas, o aquella reforma constitucional promulgada en 2008 y destinada a transformar su sistema judicial han tenido un avance lento a tal grado de no ser reglamentadas.
Asimismo acusa que aun cuando países extranjeros e instituciones han presentado su apoyo a México, tal es el caso de Estados Unidos, éste no ha podido ser bien aprovechado por la falta de cumplimiento de algunos requisitos.
Estados Unidos ha destinado más de 2 mil millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia acordado en 2007 sin plazo estipulado, para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada en México. El 15 por ciento de algunas partidas de esta ayuda sólo estará disponible una vez que el Secretario de Estado de los Estados Unidos informe que el gobierno mexicano está cumpliendo una serie de requisitos vinculados con los derechos humanos.
Sin embargo las evidencias indican que a menudo hay adelantos incompletos y poco precisos con respecto a tal cumplimiento.
PERSECUCIÓN CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
El reporte denuncia que existen evidencias, de que agentes del estado están involucrados en agresiones contra defensores de derechos humanos.
“Continúan la persecución y las agresiones contra defensores y activistas de derechos humanos, a menudo asociadas con su oposición a “megaproyectos” de infraestructura o extracción de recursos”, resalta el texto.
HRW demanda que de las 89 agresiones contra defensores de derechos humanos registradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, en ninguno de los casos se dictaron condenas.
También indican que la ley redactada para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas “no se ha implementado de manera eficaz” puesto que el mecanismo depende de una dotación de personal muy reducida y sin suficiente capacitación además de la falta de compromiso político de altos funcionarios gubernamentales.
El texto también sitúa la situación que enfrentan los migrantes, los empleados así como la violencia de
ACLARACIONES DEL ORGANISMO
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, indicó en rueda de prensa que el gobierno de Enrique Peña Nieto "ha sido muy poco claro" y "de grandes ambigüedades" ante ese tema, y que eso ha provocado "una grande incertidumbre" sobre su posición sobre las autodefensas.
"Da la impresión de que el gobierno ha ido aprendiendo en el camino, improvisando sus precisiones frente a un hecho de la mayor gravedad", advirtió Vivanco.
Vivanco que criticó al gobierno de haber estado "totalmente ausente" del surgimiento del fenómeno, también cuestionó la manera cómo lo está abordando actualmente.
El jefe regional de HRW rechazó declaraciones que atribuyó al ministro de la gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, que habría dicho que las milicias "podían cumplir una labor positiva", y advirtió del peligro que civiles armados asuman labores de seguridad del Estado.
"Es muy fácil caer en este tipo de modelos donde se genera un Frankenstein que luego ningún gobierno controla", y que terminan "asociadas al narcotráfico o cooptadas por los mismos narcotraficantes", afirmó.
Grupos de civiles armados se alzaron hace casi un año en Michoacán (centro) para defenderse de los frecuentes extorsiones, secuestros y asesinatos del cártel del narcotráfico local.
El gobierno desplegó la semana pasada un fuerte operativo policial y militar para asumir la seguridad en la convulsa región de Michoacán, que ha vivido un recrudecimiento de la violencia.
Pero el jefe regional de HRW criticó al gobierno mexicano de responder "muy por debajo de las expectativas" y de carecer de "un diseño claro" en políticas de seguridad pública efectivas contra el crimen y respetuosas de los derechos humanos.
Para Vivanco el fondo del asunto es que el surgimiento de las autodefensas es un "tema de segundo orden" para Peña Nieto, que llegó al poder en diciembre de 2012.
Vivanco ofreció una rueda de prensa en Washington para presentar el capítulo latinoamericano del informe de HRW, que sobre México destaca los "pocos avances" del gobierno en juicios sobre asesinatos y desapariciones, así como la continuidad de impunidad ante abusos militares y la tortura.