El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera del Senado, Raúl Gracia Guzmán, presentó una iniciativa para crear tribunales especiales para el tratamiento y sanciones a adictos a estupefacientes en el país.
En el marco del inicio del debate de una enmienda que busca despenalizar el consumo de mariguana con fines terapéuticos, en la ciudad de México, Gracia Guzmán dijo que la violencia en algunas zonas del país revelan que la política criminal, cuyo eje central es el castigo, no es en todos los casos la herramienta más apropiada para la contención de actos ilícitos.
Por lo anterior, el senador del PAN propuso la creación de la Ley Federal de Tribunales de Tratamiento de Adicciones.
Dicha normatividad tiene el objetivo de regular en el ámbito federal las condiciones en que, como alternativa a la persecución penal o a la privación de la libertad, se brinde a infractores del Código Penal Federal y de las Leyes Penales Federales Especiales, dependientes de drogas, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
“El Poder Judicial de la Federación determinará el número de Juzgados de Distrito especializados en materia penal o de carácter mixto, según corresponda, que además de sus funciones ordinarias, vigilen que personas imputadas, por primera vez, por la comisión de delitos del orden federal, adictos al consumo de drogas y cuya pena no exceda de ocho años de prisión reciban rehabilitación, que propicie su reinserción social", explicó.
En entrevista, el senador por Nuevo León expuso que esas penas son una alternativa al juicio penal y a la privación de la libertad, bajo el debido proceso y agregó que en el Programa Federal del Tribunal de Tratamiento para las Adicciones operará atendiendo varios principios.
Se considerará que las adicciones al consumo de drogas constituyen una enfermedad crónica, progresiva y recurrente, por lo que es derecho humano y obligación del Estado mexicano ofrecer a imputados tratamientos contra las adicciones al consumo de drogas, como alternativa a la persecución penal.
Asimismo la rehabilitación en los casos de infractores a la ley penal federal debe respetar los derechos humanos, entre ellos, el del debido proceso; como alternativa al enjuiciamiento penal, la participación de la persona adicta será en todo momento voluntaria.
Sobre el particular, los jueces deben asegurarse que estos infractores entienden su derecho a optar por la realización de un juicio público y a ser tratados como inocentes hasta que el Ministerio Público acredite su culpabilidad.
“La sociedad requiere de explorar nuevas formas de contener la actividad delictiva, entendiendo que ésta tiene su origen en factores multicausales y que, por lógica, el castigo como única respuesta nunca podrá ser la solución de muchas conductas que lastiman a la colectividad y causan deterioro en la calidad de vida de quienes sufren las consecuencias de tales actos”, señaló Gracia Guzmán.
El senador panista refirió que información del Sistema Nacional Seguridad Pública para 2010 y de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad del ICESI 2010 revelan que 60 por ciento de los delitos son cometidos por consumidores de drogas.
“A la par, la sobrepoblación penitenciaria al mes de abril de 2012 ascendía a 48 mil 820 internos; de los cuales 94.8 por ciento consume drogas”, abundó.
Comentó que otro dato interesante para los efectos de esta iniciativa, da cuenta de que la población penitenciaria del fuero federal, en el mismo periodo de referencia, ascendía a 49 mil 77 personas, de las cuales menos de la mitad ha sido sentenciada.