Mientras el PRD en el Senado propuso un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue los actos de corrupción y fraude de la empresa Oceanografía contra las finanzas públicas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la investigación en este caso es un asunto de preservación del Estado de derecho, por lo que no hay persecución política en contra de ningún funcionario de administraciones pasadas.
“No, de ninguna manera, no. Es un asunto estrictamente del ámbito de la preservación del Estado de derecho”, aclaró el responsable de la política interior del país al ser cuestionado sobre si existe una especie de persecución política contra ex funcionarios del ex presidente Vicente Fox.
Entrevistado en el Senado de la República, Osorio Chong dijo que el asunto se investiga “y por eso es la PGR la que está dando la respuesta puntual a todos los planteamientos, con transparencia a todas las acciones que se están realizando”.
En ese sentido, subrayó que en la investigación se llegará hasta las últimas consecuencias, “es un asunto que estamos obligados y lo hacemos por supuesto con una gran convicción a llegar a todas las investigaciones, para que se pueda conocer por todos, todas las ilegalidades, irregularidades que se presentaron en este tema”.
El titular de la Secretaría de Gobernación asistió al Senado de la República con la representación del Ejecutivo Federal a la entrega de la presea “Elvia Carrillo Puerto” 2014 a la feminista Marcela Lagarde.
En la sesión de ayer, los senadores del PRD, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo, Isidro Pedraza y Benjamín Robles propusieron que la comisión especial investigue la asignación de contratos irregulares y tráfico de influencias entre funcionarios de Pemex u cualquier dependencia del sector público con Oceanografía S.A. de C.V.
La comisión, que se propone esté integrada por hasta por 15 miembros, podrá solicitar la comparecencia de funcionarios públicos y requerir de la documentación necesaria para determinar la legalidad de los contratos asignados a la empresa.
Asimismo, podrá turnar los informes que resulten a las instancias correspondientes para que realicen las acciones que consideren pertinentes, en caso de encontrar pruebas fundadas de fraude contra las finanzas públicas y el delito de tráfico de influencias.
En el punto de acuerdo se establece que los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento de las autoridades competentes para que, en el ámbito de sus atribuciones, finquen responsabilidades administrativas, civiles o penales y soliciten, en su caso, la reparación del daño a las finanzas públicas del país.
En la exposición de motivos establecen que el pasado 28 de febrero, la PGR aseguró a la empresa proveedora de Petróleos Mexicanos por presuntas irregularidades en torno a un financiamiento bancario y lavado de dinero.