Al declararse lista para dictaminar la reforma política de la Ciudad de México, la Comisión del Distrito Federal solicitó a la Mesa Directiva fije fecha para su discusión en el Pleno, al asegurar que existe el ambiente político propicio para concretarla en este periodo ordinario de sesiones.

Los senadores integrantes de dicha Comisión asumieron el compromiso de atender las advertencias y recomendaciones de organizaciones civiles y expertos en la materia para superar los riesgos que pueden estancar la reforma política, en materia de relación con los estados, trato hacendario, así como en lo referente al nuevo ordenamiento de las jefaturas delegacionales y/o municipales con la figura de un coordinador  entre estas y el gobierno central, entre otros.

En el foro, “La Oportunidad de la Reforma Política del Distrito Federal, el presidente de esta comisión, el perredista Mario Delgado Carrillo aseguró que “nosotros estamos listos para dictaminar y entre más pronto mejor”, pues explicó que no hay muchos temas que estén atorando la negociación.

“Hacemos un llamado nuevamente, de que le pongamos fecha ya para terminar este dictamen y se vaya al pleno del Senado de la República”.

El priista Armando Neyra Chávez, pidió a los integrantes de la Comisión se agilicen los trabajos a fin de que en el presente periodo de sesiones “salga la Constitución del Distrito Federal”.

“Vamos a pedir más responsabilidades a los compañeros que forman parte de esta comisión para poderlos orientar de la importancia y la necesidad, de que la Ciudad de México pueda tener su propio gobierno y en el aspecto económico más facultades”, comentó.

DERECHOS Y PRERROGATIVAS

Mientras que el legislador del PRD, Alejandro Encinas, subrayó que el objetivo de la reforma debe ser que los habitantes de la ciudad de México dejen de ser ciudadanos de segunda para que gocen de los mismos derechos y prerrogativas que cualquier otro ciudadano de las entidades federativas y que el Distrito Federal pase a formar de las mismas condiciones del pacto federal.

Además, consideró que la actual forma de gobernar está agotándose y es necesario establecer órganos plurales que permitan hacer contrapeso al Jefe de Gobierno.

Ignacio Marván Laborde, especialista del CIDE, advirtió que dentro de la reforma se pretende adaptar el régimen de los estados a la necesidad del Distrito Federal y esto puede crear resistencias.

Apuntó también la necesidad de establecer un contra peso del jefe delegacional para evitar la corrupción; además de ser necesario crear una correlación de los gobiernos delegacionales con el  gobierno federal, a través de un cabildo.

En su turno, José María Serna de la Garza, titular  del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidió en que un punto de oposición fuerte puede centrarse en la pretensión de que se establezca en la Constitución el término de “entidad federativa” en lugar de “estado libre y soberano”, pues  este concepto “es la base para toda la construcción del constitucionalismo local”.

Recordó que esta iniciativa deberá debatirse a nivel nacional, pues es un requerimiento a un cambio a la Carta Magna, además de que es la puerta para lograr establecer un constituyente local en el Distrito Federal.

Ana Laura Magaloni Kerpel, también investigadora del CIDE,  calificó como una inconsistencia que se  hable únicamente de una reforma política, sin  considerar los beneficios que deben brindarse a la  población, “en la discusión de la reforma  no se ven los desafíos administrativos y no nos damos cuenta de que lo que realmente quieren los ciudadanos es calidad en los servicios y resolver problemas colectivos de la forma más eficiente posible”.

Bajo este argumento, consideró que es un “error político increíble” el que no se contemple la participación ciudadana en la conformación de una Asamblea Legislativa con un nuevo constituyente, pues “no se logrará tener el  grado de legitimidad que debe tener la norma fundacional de una entidad federativa;  es momento de hacer que la comunidad política logre un régimen de gobierno en que la sociedad se involucre porque  si no tienes un contacto en el proceso de elaboración de la Constitución con los problemas ciudadanos,  esa reforma no entusiasmará a la población”.