Ante los eventuales fraudes multimillonarios de Oceanografía, autoridades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectaron en nueve de los contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción (PEP) adjudicó a la empresa incumplieron en el pago del 10 por ciento de cada uno de los convenios, por lo que se procedió a inhabilitarla, a
pesar de esta determinación existiera una relación laboral a entes de los tres niveles de Gobierno, se aplicaría una sanción administrativa o multa económica.
De acuerdo a la operatividad que regula el Órgano Interno de Control (OIC), la empresa fue notificada de este daño patrimonial que realizó en esos nueve contratos, por lo que se hizo acreedora a una sanción económica de más de 24 millones de pesos y suspendida para dar servicios a entes gubernamentales hasta el 24 de noviembre de 2015.
Con información proporcionada en la página de Internet de la SFP, se hace referencia a un contrato signado entre el subdirector de Servicios de Proyectos de PEP, Sergio Aceves Borbolla y el apoderado legal de la empresa petrolera, Jaime López Hernández por un monto de 34 millones 318 mil 680 dólares.
En la cláusula 31 de este contrato se describe que Oceanografía debió pagar el 10 por ciento sobre el valor total de convenio que era de tres millones 431 mil 868 dólares, pagando solamente dos millones 803 mil 816 dólares omitiendo el pago restante, pero al notificarle que había incumplido con lo establecido en el documento oficial, erogó el resto de los porcentajes que adeudaba, sin embargo, la OIC determinó que no era el procedimiento correcto.
También la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Martín Díaz Álvarez, accionista de la empresa, por delitos relacionados con el lavado de dinero, por lo que esta acción, a decir, de las autoridades de la SFP tendrá un seguimiento pertinente con las consecuencias que se logren transparentar y hacer cumplir la normativa establecida.
La investigación que realiza la PGR apunta a que Díaz Álvarez, junto con otros empresarios, opera una red de gasolineras, principalmente en el Bajío, que tiene como proveedores a los cárteles y empleados de Pemex dedicados al robo y ordeña de gasolina.
En ciudad del Carmen donde hay oficinas administrativas y operativas de la empresa se le ha negado en reiteradas ocasiones a aclarar dicha situación.
Oceanografía obtuvo de PEP en estos últimos años contratos asignados por el orden de los 255 millones 585 mil dólares. En tan solo dos años.
Pemex ignoró alertas de ASF
La más reciente información fue de 2012, y se refiere a dos contratos que le concedió Pemex Refinación por 229 millones de pesos para la construcción del muelle de operaciones portuarias en La Paz, Baja California Sur.
El muelle debió ser construido por III Servicios –la compañía desconcentrada de Pemex que también estuvo encargada de la construcción de la Estela de Luz–, y sin embargo lo subcontrató a la empresa de Amado Yáñez en una asociación denominada Blastinaval, formada junto con Proyectos y Medio Ambiente.
Los reportes de observaciones de la ASF señalan que en esta obra Pemex Refinación y III Servicios no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al presupuesto, ejecución y pago de la obra, lo que representa importantes retrasos.
En la construcción de la Estela de Luz, III Servicios también subcontrató a Gutsa, a pesar de que esta compañía había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) debido a las fallas en la construcción en la Autopista del Sol. Inicialmente la Estela costaría 300 millones de pesos, pero el monto se elevó a mil 400 millones.
Entre las observaciones de la auditoría resaltan 13 contratos para el mantenimiento de pozos y plataformas marinas en Cantarell, porque la paraestatal en 2006, accedió a la solicitud de Oceanografía para modificar los requisitos de las bases de la licitación pública respectiva, referentes a las características técnicas de la velocidad de la embarcación que se requería para los trabajos.
También la auditoría encontró que en 2006 Pemex Exploración y Producción (PEP) la benefició a través de condonaciones por la inversión de Oceanografía en oleoductos, gasoductos, terminales, transporte y tanques de almacenamiento del activo integral Ku-Maloob-Zaap. Tales deducciones ascendieron a 137 millones 749 mil 600 pesos y 55 millones 399 mil dólares.
‘‘Los pagos se realizaron por medio del Fideicomiso Master Trust, el cual no cumplía con los requisitos para ser considerado dentro de los Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), por no encontrarse en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir con las obligaciones pactadas y los gastos asociados hasta no considerarse como una unidad productiva’’, según concluyó la ASF al revisar el contrato PEP-O-IE-331/04 Oceanografía SA de CV.
En otros dos contratos, por 5 mil 389 millones 242 mil 800 pesos, por trabajos en plataformas marinas con apoyo de una embarcación, relacionados con la construcción de obras complementarias en plataformas, servicios de montaje de equipo y estructuras en el Golfo de México, Pemex concedió nuevos beneficios a la empresa.
La auditoría 08-1-18ATL-02-0477 concluyó que Petróleos Mexicanos ‘‘otorgó dos convenios modificatorios por reprogramación de los trabajos, con el argumento de haberse presentado un caso fortuito y de fuerza mayor por malas condiciones meteorológicas que afectaron las instalaciones del astillero Talleres Navales del Golfo SA de CV’’. En realidad, describió el órgano fiscalizador, ‘‘el caso fortuito o de fuerza mayor’’ invocado por Oceanografía ‘‘se derivó del incumplimiento del astillero y de proveedores contratados’’ por la empresa.
Pemex Exploración y Producción, amplió, no penalizó a Oceanografía el incumplimiento del contrato, cuando ‘‘debió proceder a la rescisión administrativa y hacer efectiva la fianza de garantía de cumplimiento.
‘‘Aunque se reprogramó el comienzo de los trabajos, la entidad fiscalizada no celebró un nuevo convenio de ampliación de plazo; se considera que la contratista Oceanografía SA de CV incurrió en incumplimiento del contrato, ya que no inició los trabajos en la fecha estipulada’’. En este caso, el probable daño se estimó en 100 millones 837 mil pesos.