La incertidumbre comienza a imperar en el sector de las telecomunicaciones al no haber aún reformas secundarias; así, difícilmente se podrán lograr los 700 mil millones de pesos de inversiones planteados cuando se aprobó la reforma constitucional en la materia, advirtió el diputado del PAN, Juan Pablo Adame Alemán.
La omisión de la administración federal, acusó, “deja abierta la sospecha de que el retraso es intencional y un cálculo perverso para eclipsar los beneficios de la reforma, clave para elevar la calidad de vida y bienestar de los mexicanos”. Dijo que se equivocan quienes piensan que el Congreso de la Unión votará una propuesta al vapor.
“La reforma en telecomunicaciones es la herramienta más poderosa de transformación social y su impacto es estratégico a la par de la reforma energética. El objetivo de estas modificaciones constitucionales fue, principalmente, reducir la brecha digital y generar condiciones de igualdad y desarrollo entre los mexicanos. Hoy, por una omisión, nos estamos perdiendo esta gran oportunidad de transformar a México”, aseveró.
Por su parte, el diputado Jhonatan Jardines Fraire, del PRD, exhortó a los legisladores a permanecer atentos a las acciones legales que pudieran emprender Televisa, Grupo Carso, Inbursa y American Móvil, luego de que el pasado 7 de marzo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) las declarara como agentes económicos preponderantes.
Señalo que las 188 medidas anunciadas por el IFETEL están orientadas a generar una competencia real que repercutirá en beneficio de los usuarios mexicanos.
Los dos diputados de oposición abordaron el tema en entrevistas por separado, en un ambiente de incertidumbre y presión que se vive en San Lázaro, porque avanzan los días y es hora de que los diputados no se han puesto de acuerdo para lograr las leyes secundarias en telecomunicaciones.
Para el diputado panista Adame Alemán, quien es presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, urge que esta misma semana los grupos parlamentarios envíen sus propuestas respectivas con el objetivo de buscar recuperar parte del tiempo perdido.
“No sólo se está limitando el derecho constitucional que tienen los mexicanos de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a la banda ancha y al Internet, sino que se están sacrificando alrededor de 300 mil millones de pesos que adicionalmente se atraerían con la reforma”, indicó.
Recordó que de acuerdo con cifras dadas a conocer por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante la actual administración federal se invertiría un total de 700 mil millones de pesos, 90 por ciento provenientes de capital privado.
“Una buena reforma sólo puede convertirse en mala con leyes secundarias deficientes. Hoy, aunque no contamos con esta herramienta, su ausencia representa también incertidumbre para los empresarios, nacionales y extranjeros, que quieren invertir su dinero aquí”, aseveró. Insistió que “son muchos miles de millones los que el gobierno está negándole no sólo al desarrollo del sector, sino también a los mexicanos”.
Adame Alemán recordó que desde el año pasado, el subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Ignacio Peralta, confirmó la proyección de estos montos de inversión, que sin la reforma quedarían en, tan sólo, 400 mil millones de pesos.
Mientras tanto, el legislador perredista Jhonatan Jardines Fraire expresó que “la competencia entre Televisa, Carso, Inbursa y América Móvil constituye una revolución en materia de telecomunicaciones aunque, dijo, “seguramente están preparando juicios de amparo indirecto enfocados en dejar sin efecto algunas de las regulaciones que el IFETEL les impuso”, señaló.
Las medidas anunciadas por el Instituto tendrán un impacto en la operación de las actividades y negocio de las mismas empresas, ya que las obliga a compartir infraestructura con más jugadores; por lo que se reducirán su capital y perderán la posición dominante en el mercado de la publicidad.
El perredista apuntó que las declaraciones anunciadas por el Instituto la semana pasada “no sólo darán a los mexicanos dos nuevas cadenas de televisión sino que incentivará nuevas inversiones en el sector de entretenimiento”, lo que calificó como “generación de consecuencias de primer orden, pues urge elevar la calidad en la programación”. Se prohíbe la exclusividad sobre los contenidos y, sostuvo, “con esto se acaba por completo los monopolios que por décadas han operado negativamente en nuestro país y que cuentan con un alto porcentaje de consumidores”.
Reiteró que una regulación en las tarifas dejará de lado precios discriminatorios tanto en servicios televisivos como de telefonía, y contenidos de calidad en noticiarios, eventos deportivos y espectáculos resultarán accesibles para todas y todos los ciudadanos.
Respecto del caso de América Móvil, a la cual no se le impuso regulación en sus tarifas off net, on net al agente económico preponderante, y en cambio se optó por regular sus tarifas de interconexión en mercados intermedios, concluyó que “fue la mejor decisión, ya que se corría el riesgo de generar distorsiones en el mercado, afectando las tarifas del usuario final. Es el resultado de la lucha de la reforma de telecomunicaciones.”
No obstante, realizó una serie de consideraciones que “deben tomarse como una llamada de atención”, indicando que si bien las medidas tomadas por el IFETEL son correctas no se puede esperar a que dentro de dos años se tengan resultados importantes a menos que haya una “intervención decidida en el mercado de telefonía mexicano”.
Esto es así porque “no debemos olvidar que TV Azteca ha competido por más de dos décadas con Televisa y su participación no es mayor al 20% del mercado mexicano, y en forma similar Telefónica Movistar lleva más de una década compitiendo con Telcel y su resultado es mínimo respecto del potencial que tiene el mercado mexicano.”
Precisó que “ante esta realidad, antes de terminar el año el IFETEL debe ordenar la desincorporación de los activos”. Y sentenció “para que en México la revolución en telecomunicaciones sea breve, de 8 a 9 meses, los monopolios deben partirse. De no realizarse, la competencia está condenada a ser irreal.”
En función de lo anterior, apuntó que sólo generando condiciones para que nuevas compañías entren a disputar el mercado, se logrará el beneficio para la población y una mejor calidad. Además, no debe olvidarse que “esto no sólo se trata de lucha entre empresas y los servicios que provean, sino también de que conforme el mercado crezca nuestros especialistas mexicanos también tendrán un mejor lugar; por lo cual esto beneficiaría no sólo al público consumidor sino también al mercado de trabajo”.