El coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, destacó la respuesta del Legislativo contra hechos violentos en eventos deportivos, con lo que ahora se garantiza la seguridad de los aficionados en los estadios.
El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que la seguridad de los aficionados y el desarrollo pacífico de los encuentros deportivos estarán garantizados con las reformas y adiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte.
En un comunicado, refirió que la aprobación de esta reforma que la fracción priista impulsa desde septiembre de 2013, fue urgida por la conmoción pública que causaron los actos vandálicos del fin de semana pasado en el estadio Jalisco, durante el llamado clásico tapatio.
Con esta reforma, que se remitió al Senado para su análisis y votación, dijo, se busca erradicar la violencia en los encuentros deportivos masivos y, en general, en las actividades recreativas, mediante medidas de prevención y sanciones severas que garanticen la seguridad de los espectadores, participantes y organizadores.
Beltrones Rivera puntualizó que “con el propósito de que se respeten los espacios de recreación y convivencia social y con el de garantizar la seguridad y el patrimonio de las personas, se hace obligatorio el equipamiento de protección civil y seguridad en las instalaciones deportivas”.
También, abundó Beltrones, es necesaria la capacitación especializada de los cuerpos policiales, así como la elaboración de estudios y estadísticas sobre la violencia en el deporte.
El diputado por Sonora destacó que se plantean sanciones de carácter progresivo que van desde multas, la suspensión o prohibición del derecho a asistir a encuentros deportivos masivos o con fines de espectáculo, hasta la pena corporal por un máximo de cuatro años para los infractores.
Comentó que quienes habían dejado de asistir a encuentros deportivos o espectáculos masivos por el temor a la violencia, ahora podrán regresar en compañía de la familia y amistades con garantías plenas para el ejercicio de sus derechos y libertades civiles.