Los siete comisionados que conforman el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) enviaron al Senado su postura respecto a las iniciativas presidenciales en materia de telecomunicaciones, donde ponderan los aspectos positivos del proyecto.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Lozano Alarcón, comentó que el documento
de 10 cuartillas también incluye consideraciones respecto a las concesiones para uso público.
“Ven como muy positivo la regulación de una concesión única convergente en telecomunicaciones y radiodifusión, la previsión de consultas públicas para la regulación del Instituto, el deber de las autoridades de contar con información sistematizada”, dijo en rueda de prensa.
Además, perciben como muy positiva la posibilidad de aprovechar bienes del Estado para el despliegue de infraestructura complementaria o alternativa de telecomunicaciones.
Igual en el caso de de imponer medidas de regulación asimétrica, “dadas precisamente las disparidades que existen en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, y particularmente para aquellos agentes económicos preponderantes o dominantes en determinados mercados”.
El senador del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que los comisionados del IFT consideran positiva la previsión de un registro de telecomunicaciones, además de la neutralidad en las redes, sobre todo para acceso a internet y la utilización de mecanismos electrónicos para todo tipo de trámites y servicios.
“En cuanto a las concesiones de uso social, lo que dice es que haya una buena coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se ponderen requisitos y características propias de este tipo de concesiones”.
De acuerdo con Lozano, el documento también expone la necesidad de que las concesiones de uso social sean autosustentables, sin fines de lucro y sin explotación comercial.
“En cuanto a los medios públicos, lo que nos están pidiendo es: cerciórense de que los criterios de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas de transparencia y rendición de cuentas, defensa de contenidos, opciones de financiamiento”.
Asimismo el pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión de diversas manifestaciones culturales, que se vea reflejado debidamente ese mandato constitucional en esta legislación secundaria.
En cuanto a obligaciones de cobertura social, piden la flexibilidad suficiente para que dependiendo el tipo de concesión y el tiempo en que se dicten, puedan imponer obligaciones de cobertura social, en atención a los grandes programas sectoriales y al Plan Nacional de Desarrollo.
Respecto a derechos de usuarios y audiencias, plantean que la legislación secundaria es una buena oportunidad para que se ponga explícitamente todos los derechos que deben tener los usuarios.
En el caso de agentes económicos preponderantes, ven que hay una discusión sobre si la preponderancia es sobre sector o sobre servicios, y reiteran la interpretación el Instituto de que la preponderancia es sobre sectores, sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, y no sobre servicios específicos respecto de mercados relevantes.
En multiprogramación, el documento del IFT recomienda que dejen al Instituto tomar las decisiones sobre calidad de las transmisiones, número de canales y demás características técnicas que debe ser contar la multiprogramación para lograr cumplir los objetivos de la Constitución.
Por cuanto hace a los límites de la concentración de frecuencias y propiedad cruzada de medios, plantea que se le deje la flexibilidad para revisar caso por caso, cuando se habla de una concentración inadecuada que pudiera tener un efecto contrario a la libre competencia en radiodifusión o en telecomunicaciones.