En las calles de México, las escuelas y las universidades crece la polémica y manifestaciones de ciudadanos, estudiantes y académicos contra la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones, que dicen, intenta bloquear determinados contenidos de Internet, bajo solicitud de la autoridad o usuarios.
Los puntos más controversiales de la iniciativa es la posibilidad de que concesionarios y empresas autorizadas para dar acceso a internet "podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario", cuando lo solicite una autoridad o cuando sean contrarios a la ley.
La pretendida censura generada por la iniciativa gubernamental inició una intensa campaña en redes sociales, los mexicanos que se han mostrado en contra se preparan para protestar en las calles de la capital del país.
El paquete de reformas se otorgan nuevas facultades a las autoridades para que, entre otras cosas, obligue a empresas a suspender el servicio de redes -por ejemplo, internet- cuando considere que se pone en riesgo la seguridad pública y nacional.
Por su parte, el gobierno federal sostiene que sólo busca herramientas en la ley para combatir actividades ilegales a través de internet, por ejemplo la pornografía infantil y la pederastia, aunque los opositores a la propuesta sostienen que se abre la posibilidad de que con ese pretexto se censuren contenidos en redes sociales.
El movimiento contra la propuesta de telecomunicaciones surgió a finales de marzo y ha tenido amplia presencia en las redes sociales bajo etiquetas como #NoMásPoderalPoder, #InternetLibreMx, #ContraElSilencioMX y más recientemente #EPNvsInternet, que hace referencia a las iniciales con las que se identifica al presidente Peña Nieto.
"Lo que estamos planteando es que la neutralidad de las redes, al menos como se ha entendido, ha permitido que internet sea lo que es hoy", dijo en referencia a un principio de que las redes no deben tener restricciones en cuanto a los contenidos que circulan en ellas.
"¿Qué sería de Twitter si Twitter fuera responsable de lo que publicamos nosotros? Cada persona es responsable de lo que publica", añadió el estudiante del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
El gobierno, sin embargo, sostiene que no se trata de censurar lo que se dice en internet, sino sólo evitar actividades ilegales.
"Castigo por uso de Internet para fines ilegales (pornografía infantil, pederastia), un objetivo de #LeyTelecom. No se opone a #Internetlibre", escribió el martes en su cuenta de Twitter José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de México y uno de los principales promotores de las reformas.
CUADRO1
De acuerdo con especialistas y analistas
- intenta someter Internet a un mayor control político
- desaparecer los medios independientes
- dar un mayor poder a los ya existentes monopolios informativos
- atenta contra la libertad de expresión en Internet
- representa un retroceso en la garantía de los derechos digitales
- el 26 de abril se planea una cadena humana desde la Residencia Presidencial de Los Pinos a Televisa Chapultepec
CUADRO2
Razones para exigir al gobierno mexicano un #InternetLibreMX
Un grupo de organizaciones mexicanas, apoyadas por Derechos Digitales y Access Now, han lanzado la campaña #InternetLibreMX, que busca exigir a las autoridades que cumplan su trabajo: que se garantice la libertad de expresión, acceso y neutralidad de la red. Sea por omisión, desconocimiento o negligencia, Internet está en riesgo en México.
1. México apoya TPP
El Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) es un tratado internacional que se ha negociado en total opacidad y que, de acuerdo con el borrador de propiedad intelectual filtrado por WikiLeaks, conlleva modificaciones a las leyes que afectarían la manera en que utilizamos Internet. Entre estas medidas, está el aumento a los plazos de protección del copyright, la protección de copias temporales y las responsabilidades de los ISP, entre otros.
2. Intentos por frenar la "difamación" en redes sociales
Los políticos mexicanos tienen la piel delgada cuando se trata de recibir críticas en redes sociales. Muchos han intentado elevar los insultos e injurias en Twitter o Facebook al grado de delitos, como la propuesta de ley en Nuevo León presentada en mayo de 2013. Bajo el nombre de cyberbullying, los legisladores avalaron una norma que imponía penas económicas y que, obviamente, inhibe la libertad de expresión y facilita la censura de facto.
3. El cierre del sitio 1dmx.org
En diciembre de 2013, se notificó al colectivo 1DMX que su sitio web –pensado como un nodo de denuncias en vídeo sobre abusos policiacos en manifestaciones– había sido dado de baja por GoDaddy. Una pesquisa posterior mostró que la orden había sido emitida con ayuda de la Embajada de Estados Unidos por petición de la Secretaría de Gobernación de México como parte de una indagatoria. Al hacerse público el acto (y del conocimiento de la prensa internacional), el sitio volvió en línea sin darse ninguna explicación.
4. Los Peñabots y la manipulación de la opinión pública
Se ha acuñado el término peñabot al uso de bots de Twitter para tratar de manipular la opinión pública mediante la repetición masiva de mensajes, de modo que se promuevan ciertos temas como trending topics con motivos partidistas; o que se "contaminen" hashtags con spam para entorpecer el flujo de información. Tal es el caso del asesinato del periodista Gregorio Jiménez, en el que se utilizaron cientos de estos bots para que imperara la versión oficial de los hechos.
5. La extraña aparición del spyware FinFisher
FinFisher es un software de espionaje que es comercializado a gobiernos y sirve para interceptar y grabar comunicaciones. El programa se hace pasar por otro (incluso ha suplantado a Mozilla Firefox) para ser instalado en ordenadores o teléfonos móviles. Citizen Lab presentó un reporte en 2013 en el que se ubicaron rastros de FinFisher en las redes de Telcel y Iusacell. A la fecha, el caso sigue en pie, sin que se hayan descargado responsabilidades ni existan explicaciones
6. Retención indiscriminada de datos
La Ley Federal de Telecomunicaciones incluye un apartado que obliga a los concesionarios de telefonía a "conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad". Los datos recabados –entre ellos, los relacionados a geolocalización– deben ser resguardados por 12 meses. Gracias al Código Nacional de Procedimientos Penales, las autoridades pueden tener acceso a estas información, pero tú no, ya que las leyes de acceso a la información no obligan a la empresa a dártelos.
7. Queremos saber dónde estás
A inicios de año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió una serie de reformas sobre geolocalización, que facultan a las procuradurías a solicitar a las operadoras –so pena de sanción– los datos de geolocalización de un teléfono móvil en tiempo real, sin necesidad de orden judicial, sin notificar al investigado y sin rendición de cuentas posterior. Se vulnera el derecho a la privacidad y es una herramienta susceptible de ser usada con fines abusivos.
8. Se atenta contra la neutralidad de la red
La reforma de telecomunicaciones, enviada recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, revive una vieja propuesta que permitiría a los proveedores de servicios de Internet "podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad." Como explica Israel Rosas en su análisis, esto atenta directamente contra una red neutral en México.
9. ISP policial
Otro apartado de la reforma de telecomunicaciones permite que los ISP impidan el acceso a sitios web, aplicaciones o servicios si existe una petición por parte de una autoridad. Por desgracia, la facultad de decidir esto no recae en los jueces, sino en los gobiernos. Difícilmente una compañía de servicios de Internet se opondrá a este bloqueo, a pesar de que se vulneren los derechos de otra persona.
10. Córtese el Internet en caso de emergencia
Al estilo de otros países con gobiernos dudosamente respetuosos de los derechos humanos, el de México propone que se pueda cortar el acceso a Internet cuando el gobierno determine que se pone en riesgo "la seguridad pública y nacional". En un contexto en el que una parte de la ciudadanía ha recurrido a las calles para cuestionar la legitimidad de su actual gobierno –y de sus reformas–, este kill switch suena como una tentación muy fuerte para una administración autoritaria. Puedes consultar mucho más sobre los peligros de la reforma de telecomunicaciones en este análisis del abogado Luis Fernando García y el activista Carlos Brito.