A una semana de que haya comenzado, más de mil 500 personas se han registrado en los cuerpos de Policía Rural, como también mil 773 de sus armas, informó eel Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.
Enfatizó que hasta el momento son nueve los municipios que han realizado el Proceso de Desmovilización, Registro y Desarme, por lo que prevé que habrá otra jornada de desarme antes de que venza el plazo para que ninguna persona esté armada en la entidad, mismo que concluirá el próximo 10 de mayo.
Acompañado por Enrique Galindo Ceballos, Comisionado General de la Policía Federal, y el General de Brigada D.E.M., Miguel Ángel Patiño Canchola, precisó que mil 500 personas han presentado su solicitud para incorporarse a los cuerpos de Defensa Rural y que en los casos de quienes ya fueron incorporados están en proceso sus uniformes y equipamiento.
Reiteró que las reuniones semanales se realizan para atender temas de seguridad, desarrollo social y crecimiento económico en la zona de Tierra Caliente y a partir del 11 de mayo acudirán funcionarios de cada una de las dependencias del Gobierno de la República.
Castillo Cervantes recalcó que el modelo de Mando Unificado Policial, próximo a instrumentarse, será determinante para generar nuevas condiciones de seguridad en Michoacán como lo han exigido grupos organizados y la sociedad en general.
En la reunión también participaron el Procurador General de Justicia estatal, José Martín Godoy Castro, y el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, y líderes de los grupos organizados como Estanislao Beltrán y José Manuel Mireles.
En tanto, los grupos civiles expresaron su agradecimiento a la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán por el equipo de cómputo donado a través de la Secretaría de Energía para escuelas de la región.
Finalmente, al hacer referencia a los enfrentamientos registrados hace unos días en el municipio de Aquila, donde murieron algunos de sus integrantes, señalaron que los supuestos responsables fueron expulsados de su consejo de autodefensas y se determinó que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán iniciara las indagatorias.