Sin aceptar fallas en la estrategia de seguridad del país aseveró que la violencia ha disminuido levemente a un año de que la actual administración tomó el poder, alcanzando durante el 2013 dieciséis homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, 50 diarios, sin embargo en estados como Guerrero y Michoacán la cifra aumentó, dijo el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián.
Informó que a pesar de que las cifras de inseguridad se han logrado detener, el costo de la misma alcanza los 215 mil millones de pesos en el último año.
En el marco de la Semana de la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el representante de la Segob explicó el flagelo- la violencia- tiene consecuencias no sólo económicas, también sociales detallando que los más afectados son las familias mexicanas.
Tratando de demostrar los avances en la materia, dijo que a finales de 2012 el número de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 19 personas, es decir, 60 homicidios diarios, por lo que la reducción fue de tres personas menos.
“ Me parece que la información general deja claro que se está avanzando, pero naturalmente en una situación como ésta, suceden recurrentemente crisis locales como las que hemos vivido y se han enfrentado desde el principio de esta administración”, apuntó.
Entre los avances ejemplificó varios estados, comenzando en La Laguna, indicó que un año se han reducido los homicidios en la zona por más del 50 por ciento.
Por otra parte, indicó que en Yucatán el año pasado hubo dos homicidios cada 100 mil habitantes, Aguascalientes un poco más de tres, Hidalgo alrededor de cuatro y, por otro lado, tenemos entidades con más de 60 homicidios cada 100 mil, donde ha habido avances muy importantes también en este año, afirmó.
Por el lado de Guerrero dio a conocer que el estado tiene en este sentido el mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes, afirmando que en estos momentos sus municipios son los más violentos del país.
Aceptó que en el caso de Michoacán hubo un incremento de más de 200 homicidios en el año, adelantando que se está trabajando intensamente para atender la problemática adelantando que las crisis locales de violencia seguirán apareciendo en el territorio nacional.
En un lujoso hotel de la Ciudad de México, apuntó que el Gobierno Federal tiene la capacidad de cambiar las condiciones de inseguridad, afirmando que la mayor prueba de que tiene es acabar con la violencia en Michoacán, modelo que se puede replicar en todo el país.
Finalmente, explicó que los jóvenes que trabajan para el crimen organizado apuntó que para que se alejen de la ilegalidad se necesita garantizar en la legalidad condiciones para que tengan un futuro, afirmando que la autoridad actúa para cumplir la meta.
IP CONFIRMA LA CIFRA
Durante el mismo encuentro el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, señaló que el costo estimado del crimen en el país alcanza 215 mil millones de pesos, cifra que representa 1.34% del Producto Interno Bruto (PIB), confirmando la cifra del gobierno federal..
Dijo que durante una reunión con el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestros, Renato Sales, el líder patronal prendió las luces de alerta ante la violencia que azota al país. “Se trata de dinero y recursos que dejan de invertirse en la economía, que desplazan inversión productiva y que sin duda limitan nuestra capacidad para desarrollarnos”.
Añadió: “El tema es tan sensible que no podemos hablar sólo de recursos e inversiones, ni siquiera de eventuales daños a las empresas, sino del sufrimiento de muchas familias y personas. Sin seguridad no hay desarrollo”, subrayó el líder empresarial .
Asimismo, recordó que en los últimos tres meses la mayoría de especialistas del sector privado consultados por el Banco de México consideraron a la inseguridad como el principal obstáculo del crecimiento de la economía en los próximos meses.
“La economía de muchas regiones está afectada, no sólo por las consecuencias de los delitos mismos, sino por los gastos de prevención que tienen que realizar empresas y ciudadanos”, sostuvo.
Pero no sólo los economistas tienen esa percepción sobre la violencia en el país. Prácticamente siete de cada 10 mexicanos considera que vivir en su ciudad es “inseguro”, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Precisó que en el primer trimestre del año 65% de la población manifestó haber modificado sus hábitos por temor a sufrir algún delito, por lo que ahora evita portar objetos de valor, en tanto que 50.8% cambió su rutina de caminar por los alrededores de su vivienda después de las ocho de la noche.
Pero más allá de la percepción de los mexicanos, la Coparmex señaló que los altos índices de violencia pueden afectar en las llamadas “reformas estructurales”, que apuntalarían el crecimiento económico del país.
Juan Pablo Castañón fue al grano: “El efecto positivo de las reformas energética, financiera, de telecomunicaciones o incluso de la político-electoral, podría diluirse si no somos capaces de lograr la plena recuperación y restauración del estado de derecho, ahí en las regiones donde hace falta”.
Y confió en que a la brevedad opere de manera plena la plataforma tecnológica del sistema único de información criminal, a fin de lograr una mayor efectividad de las acciones de prevención, investigación y erradicación del secuestro.
Por lo pronto, el organismo patronal colabora con las autoridades mediante la creación de observatorios ciudadanos del delito, que “pueden ayudar a dar seguimiento a los delitos de alto impacto, basados en el sistema nacional de información, a fin de medir la incidencia delictiva por regiones en todo el país”, dijo Castañón.
Dichos observatorios, apuntó, tienen la función de hacer diagnósticos y evaluaciones objetivas de los resultados y la eficacia de las estrategias y acciones gubernamentales; ubicar patrones de la delincuencia y detectar zonas con mayor incidencia; valorar si las estrategias de combate a la delincuencia van por buen camino, y corregir donde sea necesario.