A tan sólo dos años y medio de que sea una realidad, la representante de la Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Fromow Rangel, afirmó que se está a medio camino para que se implemente en su totalidad el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, mientras especialistas afirman que su implementación es un fracaso.
En el marco de la presentación del Sexto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, la representante federal explicó “que se va en el camino correcto para aplicar los cambios constitucionales”, aseverando que la presente administración está realizando los esfuerzos necesarios para que en el año 2016 las 32 entidades federativas tengan un modelo de justicia penal moderno y transparente.
Junto a los integrantes de la Red de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y al Debido Proceso, explicó que durante el presente año 12 entidades se anexarán a los nuevos cambios , mientras tres a finales del 2015 y una restante a principios del 2016 por su complejidad.
“Hoy estamos reafirmando en los tres niveles de gobierno y los tres poderes al nivel federal nuestra intención de que esta reforma llegue a buen puerto de una manera profesional efectiva, con conocimiento de la ciudadanía y con el esfuerzo de cada una de las autoridades”, abundó.
Para demostrar los cambios antes mencionados, apuntó que se ha puesto la primera piedra para del Centro de Justicia Penal en Durango, además de la puesta en marcha del nuevo Código de Procedimientos Penales afirmando que se cumplirá la meta.
Sin embargo, aceptó que falta la capacitación necesaria de los actores dentro de la nueva reforma, indicando que se trabaja con manuales de actuación para la difusión entre los participantes del nuevo modelo y así se aplique a lo que la ley convenga.
Adelantó, que existe un fondo de 5 mil millones de pesos que servirá para impulsar las estructuras necesarias para la implementación del Modelo de Justicia Penal, afirmando que durante el foro se dará a conocer los inconvenientes para su aplicación.
En contraparte, Ana Laura Magaloni, académica del CIDE refutó lo dicho por lo representante de la Secretaría de Gobernación, afirmando que la asociación de The World Justice Project dio a conocer que de 99 países México ocupa el lugar 97 de tener una Sistema de Justicia Penal que respete el estado de derecho de la ciudadanía.
Indicó que la organización antes mencionada evalúa siete características del modelo de justicia penal de cada país como son la existencia de sistema de investigación efectivos , que el proceso se lleve a cabo en tiempos razonables, un sistema penitenciario que rehabilite al encarcelado, que los jueces sean imparciales, que el sistema esté libre de corrupción, que el sistema no sea manipulable por el gobierno y que se respete el libre proceso así como los derechos humanos por lo cual México está reprobado.
Explicó que si se compara a México con países con economías similares en realidad el Sistema Penal Mexicano ocuparía el último lugar, afirmando que de 29 países emergentes evaluados, el país quedó en el vigésimo noveno sitio.
“ Nos falta muchísimo para transformar de pies a cabeza nuestro Sistema de Justicia Penal, necesitamos resolver los problemas endémicos de la sociedad como es la corrupción, maltrato, falta de transparencia y manipulación política”, acotó.
Precisó que el nuevo Modelo de Sistema Penal de la Federación debe ser justo y transparente y que el ciudadano esté en el centro del mismo, por lo que volvió a enfatizar que el grosor de una democracia se mide dependiendo de la aplicación de la justicia.
“Sigamos la reforma, veamos los resultados de la ciudadanía, sólo los ciudadanos sabremos cómo es el modelo que queremos”, apuntó.
Finalmente el foro se llevará a cabo el próximo miércoles 14 u jueves 15 de mayo el cual será inaugurado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.