En periodo extraordinario de sesiones, el Pleno del Senado aprobó, en lo general, las leyes secundarias de la reforma político electoral que se estrenará en las elecciones intermedias del 2015, donde habrá candidaturas comunes sólo a nivel local.
Con 113 votos a favor y 7 en contra -PRD y PT- se avaló el dictamen que expide la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la nueva Ley General de Partidos Políticos.
También se reformaron las leyes General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En lo particular, se reservaron temas como las candidaturas comunes para extenderlas a nivel federal y de la Presidencia de la República, así como la paridad de género en aspirantes al Congreso.
Con el nuevo marco legal, el Instituto Nacional Electoral (INE) nombrará y podrá remover a funcionarios electorales estatales, atraer o delegar funciones de fiscalización y organización electoral.
También podrá coordinarse con la Secretaría de Hacienda para evitar el financiamiento ilícito en campañas, suspender la propaganda electoral en radio y televisión cuando se calumnie o atente contra la honorabilidad de las personas.
La reforma regula las candidaturas independientes en México para los cargos de Presidente de la República, gobernadores, senadores y diputados federales.
Un candidato independiente a la Presidencia de la República se requerirá de la intención de voto de uno por ciento de la Lista Nominal de Electores para poder contender, es decir, al menos 780 mil firmas que respalden su postulación.
Para los cargos de gobernadores, senadores y diputados federales se requiere de dos por ciento, pero de la Lista Nominal del distrito o entidad que aspiren representar o gobernar. No hay límites para el número de candidatos independientes que deseen contender en unos comicios.
La senadora por Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo, criticó ese tema y consideró que las exigencias para las candidaturas independientes y las limitaciones en uso de recursos y medios de comunicación “parecen tener la intención de cerrar los espacios, más que abrir la participación ciudadana” frente al “océano de publicidad” e infraestructura que tienen los partidos políticos.
Asimismo, en el tema del voto en el extranjero, el dictamen establece que se podrá ejercer por primera vez de manera presencial en los consulados de México, además de las modalidades de voto electrónico y postal.
Los connacionales podrán elegir no sólo al Presidente de la República, sino también a gobernadores, jefe de Gobierno del Distrito Federal y senadores.
En tribuna, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salzar, expuso que en el tema de los debates se determinó que habrá dos de carácter obligatorio para el cargo de Presidente de la República, los cuales serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de concesionarios de uso público.
“En el caso de concesionarios privados, deberán trasmitir dicho debate en el menos una de sus señales”, añadió la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Respecto al llamado prorrateo, destacó que se estableció una fórmula más clara y justa. En el caso de campañas federales, si se suman más de dos candidatos a senadores o diputados federales, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren, según la campaña que corresponda, y supuesto aplicable también a las campañas locales.
“Para efectos de la comprobación de gastos, cada candidato deberá presentar la factura por el importe proporcional y deberá ser registrada en la contabilidad correspondiente”, precisó la senadora priista.
La normativa establece un tope de financiamiento privado en las campañas de 10 por ciento respecto a los recursos públicos que reciben candidatos y partidos.
Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que “no es un monto pequeño, ya que en estos momentos el financiamiento público alcanza los tres mil 925 millones de pesos”.
Ello significará que cada fuerza política podrá incluir en sus percepciones, en sus ingresos de aportaciones de militantes y simpatizantes, hasta 80 millones de pesos al año, explicó el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El también perredista, Armando Ríos Piter, indicó que con la reforma se establecen nuevos planteamientos para anular comicios, causales que van contra quienes que excedan los gastos de campaña, compren cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto en la ley, o que reciban o utilicen recursos ilícitos.