Con las leyes secundarias en la reforma energética, Pemex y CFE se consolidan como empresas autónomas, y se combatirán los actos de corrupción con nuevo esquemas de vigilancia y auditoria, que permitirá mejorar su operatividad a través de un sistema de transparencia y rendición de cuentas que legitime la actuación de las empresas ante la sociedad.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público informó que lo anterior tiene como fin trasformar a Pemex y a la CFE como empresas productivas que fomenten un crecimiento económico vigoroso y sostenido que se refleje en un mayor bienestar para todas las familias mexicanas.
Para ello, se devuelve al Consejo de Administración las funciones de vigilancia y evaluación del desempeño, así como de auditoría interna que contribuyan a la toma de decisiones en la planeación estratégica de las empresas.
Además se prevé la existencia de auditores externos y la participación de la Auditoria Superior de la Federación para fiscalización de las empresas.
La iniciativa plantea establecer un novedoso sistema de transparencia y rendición de cuentas como un instrumento que legitime la actuación de las empresas ante la sociedad pero que además contribuya al combate a la corrupción.
SE CONTEMPLAN DOS NUEVAS LEYES
Hacienda también reveló que las reformas secundarias buscan la actuación de Pemex y CFE como empresas autónomas, y por ello, la iniciativa contempla la expedición de la Ley de Petróleo Mexicanos y la Ley de la Comisión de Electricidad, además de ley Federal de las entidades paraestatales; adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Con la expedición de estas nuevas leyes y las modificaciones propuestas, las empresas tendrán el mandato de crear valor económico e incrementar los ingresos de la nación con sentido de equidad, responsabilidad social y ambiental.
Asimismo se establece una nueva organización corporativa acorde a las mejoras prácticas internacionales que garantice su autonomía técnica y de gestión. También se les dota de un régimen especial en diversas materias para la eficaz realización de su objetivo.
Hacienda detalló que para este fin se crea la figura de empresa productiva del estado con régimen jurídico especial. Con esto se deja ver a Pemex y CFE como dependencias gubernamentales y se transforman en auténticas empresas. Serán 100 por ciento propiedades del Gobierno Federal.
Además se establece para ambas empresas un régimen especial en diversas materias, en donde se les otorga autonomía presupuestaria, en la que estarán sujetas a un techo de endeudamiento y a un techo en materia de servicios personal que establezca el Congreso de la Unión. La elaboración y ejercicio del presupuesto, así como sus adecuaciones las realizará la empresa sin intervención de la Secretaria de Hacienda.
En cuanto a las remuneraciones, se busca que tenga un régimen especial, únicamente sujeto al techo global al personal altamente calificado, evite la fuga de capital humano y que sea acorde con otras empresas de la industria con las que competirán.
Además se crea una unidad profesional especializada en la materia, con reglas claras para la actuación de los funcionarios y trabajadores de Pemex y CFE con el fin de combatir la corrupción.
Para operar de manera oportuna y con transparencia en un entorno de competencia, se establece un régimen especial para la contratación y procura de bienes, obras y servicios.
Además se dota a las empresas de flexibilidad para la creación de subsidiarias o filiales que les permita cumplir con su objetivo.
En este nuevo papel el Estado dejará de ser el administrador principal y no participará en la operación cotidiana de las empresas. Ahora el gobierno actuará como dueño de la empresa y como tal tendrá una participación en la operación diaria. Así podrá seleccionar a los administradores de la empresa quiénes serán los que deberán rendir cuentas sobre la operación de las empresas y a través del Consejo de Administración se tomarán las decisiones correspondientes.
El gobierno también podrá designar a los funcionarios que integrarán el Consejo de Administración de la empresa, establecer reglas mínimas de organización; designar el auditor externo; proponer al Congreso de la Unión el dividendo que habrá de pagar, y evaluar el desempeño general de las empresas y los integrantes del órgano del gobierno.