Nuestro país ocupa el primer lugar internacional de bullying en educación básica, afectando a 18 millones de alumnos de primaria y secundaria, por lo que se prevén sanciones económicas de hasta cinco mil días de salario mínimo a padres de familia y maestros que sean omisos en casos de violencia escolar, así como la inhabilitación hasta por cinco años a profesores y directivos.
De igual manera, se contemplan medidas para detectar los abusos, sus alcances y consecuencias, informó el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcelo Torres Cofiño (PAN), quien subrayó que el problema del bullying o acoso escolar es responsabilidad compartida de padres de familia, alumnos, maestros, directivos y de los gobiernos federal y locales.
“Nosotros como padres de familia, como sociedad, hemos sido culpables, hemos solapado, no hemos tomado cartas en el asunto. Hay una corresponsabilidad entre padres, alumnos, maestros y directivos”, indicó.
Ante esa situación, señaló que la iniciativa que presentaron, la semana pasada, las bancadas del PRI, PAN, PRD y PT ante la Comisión Permanente para crear la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, busca restituir los valores sociales y sancionar actitudes omisas de las autoridades.
El diputado panista destacó que el acoso escolar en México es un problema alarmante, ya que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el país tiene el ambiente escolar más violento en nivel secundaria entre 24 naciones.
Este tema, dijo, ha cobrado gran relevancia en los últimos meses, gracias a las redes sociales, los medios de comunicación y a la facilidad con que las personas toman videos en sus teléfonos celulares.
Puntualizó que todos los hechos son lamentables, en particular, señaló el caso de Héctor Alejandro Méndez, de 12 años, un estudiante de Tamaulipas quien el pasado 14 de mayo murió luego de que compañeros suyos lo estrellaron contra un muro.
Por lo que el legislador exhortó al titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, a tomar cartas en el asunto y asumir la responsabilidad de esa dependencia.
Finalmente se pronunció porque el Poder Legislativo en coordinación con el Ejecutivo vigile la programación que ven los menores en la televisión, a fin de no transmitir programas violentos que afecten su desarrollo.