Con la reforma energética decenas de campesinos serán despojados de sus tierras en ejidos y comunidades para priorizar la explotación de los hidrocarburos por parte de las trasnacionales, denunció el diputado Miguel Alonso Raya, quien alertó que esto puede provocar un estallido social de dimensiones incalculables.
Lo anterior se sustenta en el artículo Octavo transitorio de la reforma petrolera que define como de interés social y orden público a la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos; que es la parte más agresiva no sólo contra las tierras y territorios indígenas sino para todas las tierras sean ejidales, comunales, pequeña propiedad, federales o latifundios.
Por tal motivo, el también Vicecoordinador de los legisladores federales perredistas consideró que bajo estas condiciones, “cualquier actividad agrícola, forestal, ganadera, ecoturística u otras, serán desplazadas toda vez que la exploración y extracción del petróleo y la transmisión, y distribución de energía eléctrica están por encima de las propias comunidades o pueblos sean indígenas, campesinas o rurales, esto no será impedimento para hacer la exploración y explotación de los recursos llamados estratégicos”, apuntó.
Y por si fuera poco, dijo, el segundo párrafo del transitorio 8º señala que “la ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización de estas actividades.”
En este sentido, desde la perspectiva del PRD el uso preferente que originalmente pertenecía a la Nación, a través del Estado, ahora eso se otorga a las empresas petroleras trasnacionales, y esto contraviene el artículo 1º y 2º Constitucional, la Declaración de las Naciones sobre los Pueblos Indígenas, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales, y a los tratados y protocolos internacionales en la materia.
Alonso Raya recordó que muchos movimientos sociales como el de Atenco, La Parota o Temacapulín, se han generado alrededor de obras por la falta de atención adecuada, de una negociación sensata y de un trato respetuoso a la gente.
“En ninguna parte de las iniciativas reglamentarias de la reforma energética se plantea un esquema de negociación que dé certeza que se va a respetar a los pueblos y comunidades”, apuntó.
Por todo lo anterior, el diputado perredistas, consideró que “se debe buscar un esquema de negociación que reconozca los derechos de los ejidatarios de las tierras en donde se detecten hidrocarburos, que le dé el valor y la plusvalía que les corresponde y que los incorpore como socios del negocio; y no, como se pretende, que los marginen y maltraten”.
En alusión a la decisión del PAN de establecer una mesa de negociación directa con el gobierno respecto al contenido de las iniciativas de leyes reglamentarias en materia energética, el perredista opinó que se debe suspender la discusión en el Senado “porque no tiene sentido que haya una mesa por separado que invalide en la práctica lo que se discute en las comisiones”, enfatizó.
“Que terminen de arreglarse y ponerse de acuerdo y cuando tengan los dictámenes listos y elaborados entre el PAN y el gobierno, entonces que se abra la discusión con las normas y procedimientos que tiene establecido el Congreso tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para discutirlo”, consideró, al tiempo de señalar que: “Todos los signos indican que pretenden imponer las leyes reglamentarias, simplemente no hay disposición de atender argumentos distintos”, criticó.
“Es una actitud muy soberbia y dentro de eso destacan temas sumamente delicados como el asunto de considerar que es prioritaria la explotación de los hidrocarburos por encima de otro tipo de actividades productivas. Los ejidatarios tendrán que aceptar la oferta y el precio que les plantearán por sus tierras o les expropiarán y eso, en términos reales, es un despojo”, señaló.
“Eso no puede ser ni tampoco puede ser que le estén mintiendo a los mexicanos al no decirles que la reforma por sí sola no bajará los precios de la energía eléctrica, el gas y la gasolina”, acotó.
“Están de nueva cuenta mintiendo al afirmar que con esta reforma habrá empleos y crecimiento, lo mismo dijeron con otras reformas como la que permitió privatizar Teléfonos de México o Ferrocarriles Nacionales de México y, por el contrario, se crearon empresas caras e ineficientes que se convirtieron en estorbos para la competencia”, concluyó.