A partir de la aprobación de la reforma constitucional en materia energética, ganaderos y agricultores, así como presidentes municipales de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de ser despojados de sus tierras y de afectar la infraestructura de los municipios con la explotación del gas shale.
Lo anterior fue denunciado por el secretario de la Comisión de Reforma Agraria, diputado José Luis Esquivel Zalpa (PRD), quien advirtió que disminuirá la producción agrícola y agropecuaria en dichos estados, porque la iniciativa privada está muy interesada en invertir en la explotación de gas natural de la Cuenca de Burgos, ubicada dentro de territorios norteños de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
En los encuentros con campesinos para analizar la reforma del campo, productores agrícolas y de carne, han externado a los legisladores que se debe garantizar la defensa de la propiedad social y el territorio, implementando políticas de apoyo a la población sin derechos agrarios, principalmente a jóvenes y mujeres.
Por ello el diputado estimó que la reforma del campo debe garantizar la alimentación de los mexicanos mediante una producción nacional y políticas públicas que mejoren el bienestar de la población rural. Ganaderos y productores agrícolas creen que se puede alcanzar este objetivo a través de la producción nacional, proveniente incluso de ejidos y comunidades indígenas.
La reforma al campo, señaló, deberá transformar el sistema alimentario mexicano, configurar una política alimentaria y crear la Ley General a la Alimentación Adecuada. Además, implantar la tasa cero en el financiamiento de la producción de víveres y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores rural y la promoción de cosechas campesinas y familiares..
Además de establecer un presupuesto integral anual y enfocar el gasto público rural en las unidades de producción en donde se genera el empleo agrícola, la elaboración de alimentos y en aquellas regiones donde se encuentre más asentada la pobreza extrema.
Diseñar también un presupuesto de egresos equitativo y equilibrado, que genere apoyos a la organización productiva y programas de capacitación y asistencia técnica, descartando el asistencialismo como práctica de desarrollo rural.
Además, crear una nueva Ley General de Crédito Rural, integrar el sistema de financiamiento rural y fundar un banco rural.
Por tanto, añadió, la reforma del campo debe promover un seguro agrícola que garantice las capacidades de los productores y su supervivencia, que inicia con un mecanismo de regulación del mercado.
Debe instituir que los productores mexicanos cuenten con información de los mercados internacionales, de los consumos y producción nacional con objeto de evitar abusos de parte de los industriales e intermediarios, así como establecer en el marco constitucional, el carácter de preponderante en el sector agropecuario.