Las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones que negocian los partidos políticos, deberán precisar el papel del Estado como agente regulador y promotor del sector, las formas de financiamiento para el crecimiento de la red troncal, los mecanismos para impulsar la infraestructura, así como complementar la transición de la radiodifusión digital.
Pero sobre todo, tendrá que establecer la regulación de los contenidos, definir los derechos de las audiencias, así como los mecanismos de protección de menores, el equilibrio entre la dignidad humana y el derecho fundamental a la libertad de expresión, la participación de los ciudadanos en los consejos de las autoridades involucradas en el seguimiento de contenidos y, de manera relevante, las disposiciones para ampliar la participación de medios y contenidos independientes, culturales y pluriculturales.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, elaboró un documento que aborda los “Retos y perspectivas de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, en el que pondera los temas a debate como los antes citados, además de otros como la necesaria homologación de trámites y eliminación de impuestos, así como la promoción de la radiodifusión sonora.
El texto, elaborado por Efrén Arellano, investigador del CESOP, señala los temas pendientes para la legislación secundaria que presumiblemente se abordarán en un periodo extraordinario de sesiones, como el expedir una ley que regule de manera convergente el uso del espectro de radiodifusión y telecomunicaciones y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, entre otras cosas, además de que recupera algunas de las propuestas y planteamientos que han sido motivo de debate entre distintos actores involucrados en el tema.
Las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones deberán definirse una vez que fue promulgada la reforma constitucional en la materia en junio de 2013, bajo tres grandes ejes: recuperar las facultades de rectoría y planeación del Estado entre estos sectores; la creación de condiciones para ampliar el mercado, la inversión y la competencia entre proveedores y empresas participantes, así como el establecimiento de nuevos derechos para el acceso y disfrute de estas tecnologías, establece el documento.