Para evitar que los más de 8 mil 486 personas indígenas recluidas en los centros penitenciarios del país, de las cuales más de ocho mil 196 son hombres y 290 mujeres, continúen siendo víctimas de tortura y de tratos crueles y degradantes, es necesario aplicar cambios a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Tortura.
Lo anterior en virtud de que uno de los sectores más vulnerables es el de los pueblos indígenas, quienes tienen mayor marginación, sufren discriminación, se les estigmatiza, se menosprecia su diversidad cultural y, “como consecuencia, se violan sus derechos humanos”.
Aunado a ello, en los últimos años aumentaron las detenciones arbitrarias a indígenas por agentes judiciales o elementos de las policías federal, estatal o municipal, por "revisión y vigilancia rutinarios" o supuestas denuncias "anónimas", sin fundamento legal de una autoridad competente; posteriormente, son recluidas y encarceladas por delitos que no cometieron, “siendo en todo momento víctimas de tortura física y psicológica y de tratos crueles e inhumanos que vulneran su integridad persona.
Por tal motivo, y con el fin de evitar que las personas indígenas involucradas en un proceso penal sean víctimas de tortura y de tratos crueles y degradantes, y asegurar que cuenten con orientación y asistencia profesional a través de defensores e intérpretes especializados para garantizar sus derechos humanos, la diputada Martha Edith Vital Vera (PVEM) impulsa cambios a la ley en la materia.
Mediante una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Tortura, la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos señala que en México ese delito es un fenómeno recurrente utilizado por servidores públicos encargados de la seguridad pública en el ámbito de la prevención del delito, procuración de justicia y en la ejecución de penas, con el fin de obtener información, una confesión o castigar, intimidar o coaccionar a una persona, incurriendo en atentados en contra de su integridad personal.
La diputada destacó la necesidad de evitar esta clase de acciones en su contra, en nombre de los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
Consideró que el indígena es uno de los sectores más marginados y vulnerables ante el sistema penal, pues enfrentan grandes dificultades de administración y acceso a la justicia, al no ser considerada su cultura, usos y costumbres; carecen de traductores, intérpretes y una adecuada defensa que les explique el proceso y los derechos que tienen al ser acusados de un delito.
En el documento, enviado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, señala la necesidad de coadyuvar para que reciban información y comunicación adecuada “y de esta manera el lenguaje no sea un obstáculo para tener acceso a la justica; y que sus derechos humanos no se vean vulnerados”.
Explica que al no dominar el español les resulta imposible participar y defenderse, lo que ocasiona que pasen más tiempo en las cárceles esperando ser juzgados, “porque cuando rindieron su declaración se limitaron a contestar un ‘sí’ o ‘no’ trayendo como consecuencia que sean procesados injustamente con penas máximas por delitos que no cometieron”.
Propone que los órganos de procuración de justicia implementen programas de orientación y asistencia a personas indígenas con defensores bilingües, traductores e intérpretes debidamente certificados en la lengua materna que corresponda, con conocimiento de usos, costumbres y especificidades culturales.