La diputada ecologista Martha Edith Vital Vera propuso reformas a la ley Federal para Prevenir y Eliminar la tortura, a fin de evitar que personas indígenas que enfrentan procesos penales sean víctimas de ese flagelo.
La propuesta además plantea que los indígenas tengan orientación y asistencia profesional, a través de defensores e intérpretes especializados para garantizar sus derechos humanos, indicó la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En opinión de la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la tortura y malos tratos se emplea como medio para obtener información, una confesión o castigar, intimidar o coaccionar a una persona, incurriendo en atentados en contra de su integridad personal.
Uno de los sectores más vulnerables, dijo, es el de los pueblos indígenas, “pues tienen mayor marginación, sufren discriminación, se les estigmatiza, se menosprecia su diversidad cultural y, como consecuencia, se violan sus derechos humanos”.
En la iniciativa se estipula también que las personas pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena tienen derecho a solicitar reconocimiento médico y, si lo requiere, que sea por la persona que en su comunidad ejerza la medicina tradicional.
Asimismo que el responsable de alguno de los delitos previstos en la ley deberá cubrir los gastos de asesoría lingüística, además de los ya establecidos, en los que haya incurrido la víctima o sus familiares como consecuencia del delito.
En los últimos años, refirió, aumentaron las detenciones a indígenas por agentes judiciales o elementos de las policías Federal, Estatal o Municipal, bajo los argumentos de "revisión y vigilancia rutinarios" o supuestas denuncias "anónimas", sin fundamento legal de una autoridad competente.
Después de esa acción, las personas son recluidas y encarceladas por delitos que no cometieron, por lo cual la legisladora Vital Vera reiteró la necesidad de evitar esas situaciones.
El indígena es uno de los sectores más marginados y vulnerables ante el sistema penal, pues enfrentan dificultades de administración y acceso a la justicia, al no ser considerada su cultura, usos y costumbres, añadió.
También carecen de traductores, intérpretes y una adecuada defensa que les explique el proceso y los derechos que tienen al ser acusados de un delito.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, destaca la necesidad de coadyuvar para que se reciba información y comunicación adecuada y de esta manera el lenguaje no sea un obstáculo para tener acceso a la justicia; y que sus derechos humanos no se vean vulnerados.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2013 había ocho mil 486 personas indígenas recluidas en los centros penitenciarios del país, de las cuales ocho mil 196 eran hombres y 290 mujeres, mencionó la diputada por Chiapas.
Además, firmó, “hay un número deficiente de defensores indígenas, y por el hecho de ser considerados indígenas se enfrentan a prejuicios cuando se ven inmersos en procesos judiciales”.