Ante la ausencia de un enfoque multilateral entre los países en torno a la migración, lo que ha provocado que la protección de los derechos humanos de los indocumentados sea casi inexistente y que la situación que se vive pueda calificarse de “crisis humanitaria”, el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) elaboró una propuesta en la materia a partir de un estudio realizado por Mauricio Farah, en el que se alerta que el fenómeno, como tema global, "ha estado ausente en las discusiones internacionales entre los Estados".
Por ello, el PUDH propone que se considere a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes como una crisis humanitaria, que debe enfrentarse inmediatamente a través de acciones de política pública suficientes y eficaces. Además, que se insista ante Estados Unidos incluir este tema en la agenda bilateral, pero no desde la visión de seguridad nacional, sino como parte indivisible de la integración económica y social; también, que se otorgue vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, a la Ley de Migración aprobada en abril de 2011.
Asimismo, en el marco de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, que se lleve a cabo el control de convencionalidad a favor de los migrantes, es decir, verificar que cualquier acto o ley de una autoridad respecto de ellos se ajuste a las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Urge asumir acciones eficientes de prevención, investigación y sanción pronta y expedita de los delitos contra migrantes indocumentados mediante la creación de una fiscalía, dependiente de la Procuraduría General de la República y establecer vínculos con los consulados de los países de origen de los que transitan por el territorio nacional, a fin de que, en caso de ser asegurados, cuenten con la representación y asesoría que requieren para salvaguardar sus derechos.
En la presentación del estudio Migración y Derechos Humanos ante los medios de comunicación, Farah, experto en el tema, sostuvo que la falta de documentos no debe estar por encima de la justicia, el sentido humanitario y las garantías de los migrantes.