En los últimos años Pemex ha pagado hasta 13 mil 950 millones de pesos anuales de sobreprecio en la compra de equipos, mercancías, servicios y productos requeridos para su operación, a causa de un sistema de suministros ineficiente y corrupto, cifra que equivale a casi el 3 por ciento de su presupuesto, pero lo más lamentable es que esta cifra que continua en aumento, porque ahora se ha detectado la participación no solo de funcionarios contratistas, sino del crimen organizado.
Además, de que permanentemente la paraestatal sufre el robo constante de sus hidrocarburos en pozos, ductos, oleoductos, gasoductos, refinerías, terminales de almacenamiento, pipas y hasta de los barcos que los transportan, en volúmenes tan altos que se ha generado un mercado negro que le compite en betas y en el cual participan funcionarios contratistas e incluso el crimen organizado.
Todo ello se refleja en un aumento de los costos de la corrupción en México, que hasta el momento equivalen al 9 por ciento del producto interno bruto, coincidieron los diputados José Alberto Benavides Castañeda, del PT, y Ricardo Mejía Berdeja, de MC, quienes hicieron públicas listas de funcionarios y empresas que a través de la historia han participado en la corrupción que llevaron a la quiebra a Petróleos Mexicanos.
Al respecto, denunciaron que la corrupción histórica, crónica que hay en Pemex y en el sector energético, se ha dado fundamentalmente en el sector de los servicios, contratos de servicios, operaciones comerciales. Pero con “esta reforma la corrupción se va a dar prácticamente en todos los puntos. Se va a multiplicar exponencialmente la corrupción”, sentenciaron.
El diputado Mejía Berdeja, denunció que prácticamente todos los ex directores de Pemex están vinculados a negocios en el sector, y mencionó el caso de Jesús Reyes Heroles; González Garza, quien actualmente tiene un despacho de consultoría, Energia, apoya a firmas que venden productos y servicios para hacer negocios con Pemex; es miembro de diversos consejos de administración, así como de consejos consultivos para América Latina y del Energy Inteligent Group, que se dedica al sector energético; Juan José Suárez Coppel, junto con Luis Ramírez Corzo fundaron Oro Negro que le renta plataformas a Petróleos Mexicanos.
Otro caso, que dijo, no está aclarado es el de Suárez Coppel en dos temas: el de Siemens donde sospechosamente perdió un laudo arbitral y no interpuso denuncias a tiempo, y en el caso del Convenio de Reanudación de Relaciones Comerciales con Mexicana de Lubricantes, donde su personero Agustín Portal fue el que le ayudó a hacer estos negocios, en el “año de Hidalgo”, en el 2012.
Georgina Kessel, es consejera de Iberdrola; la ex secretaria de Energía; Adrián Lajous, tiene vínculos con cinco empresas favorecidas por Pemex, desde luego la más destacada es Shulenberger donde ha sido director, pero también con despacho, la consultora Mackenzie.
Además existen otras seis compañías que tienen negocios con Pemex; Carlos Ruiz Sacristán, ex director general de Pemex, es el principal involucrado en el caso del gasoducto Los Ramones, que son 3 mil millones de dólares; es la operación y licitación más grande en la historia del sector energético del país.
Y por su fuera poco, afirmó, no ha venido Jesús Murillo Karam, a pesar de que hay un acuerdo de la Comisión de Investigación de Pemex, y en la Conferencia para la Coordinación de los Trabajos Parlamentarios, que está integrada por la Mesa Directiva de la Cámara y por la Junta de Coordinación Política, han estado boicoteando la comparecencia de Murillo Karam, porque no quieren que venga antes de que se apruebe la reforma energética.
Recordó el caso de Oceanografía, que entre el 9 y el 10 de julio en las oficinas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a las dos de la tarde aproximadamente, el director de ese organismo Héctor Orozco Fernández, sostuvo una reunión con los acreedores de la empresa, y donde estuvieron entre otros, representantes legales, abogados de bancos mexicanos, de bancos holandeses, dueños de embarcaciones, acreedores y tenedores de bonos de esta empresa.
En esa reunión el director del SAE, presentó a Amado Yáñez como asesor del SAE, para que les ayudara a reestructurar todos los adeudos que tiene, lo que revela que “no solamente no está tras las rejas, protegido impunemente por el actual presidente y con el pacto de impunidad que hay con el PAN, sino que ahora lo utilizan como acreedor para negociar estos arreglos financieros con los acreedores”. Después de esa reunión Amado Yáñez se ha estado reuniendo en lo individual con los acreedores para negociar a nombre del SAE.
Además de los casos de funcionarios relacionados con empresas privadas como Schlumberger, Mckenzie, Ternium, Oceanografía, Siemens, Trinity Industries, Modulcar y OHL, entre otros muchos, son verdaderamente indignantes.
En su oportunidad, el diputado, José Alberto Benavides Castañeda, del PT, dijo que no se pueden resolver los problemas de corrupción privatizando de un sector bajo un esquema de instituciones débiles, “las oportunidades de vigilancia disminuyen, la rendición de cuentas es mínima y los incentivos a buscar fallas en las regulaciones aumentan, generando un ambiente inmejorable para buscar beneficios ilegales con el consentimiento de malos funcionarios”.
Hasta el momento, denunció, ni en la iniciativa de la Ley de la CFE ni en la de Pemex se atacan de manera seria a la corrupción, existe gran flexibilidad para permitir procesos de participación abierta, dejando pie a las adjudicaciones o creación de bases a modo. Tampoco se crea un comité anticorrupción dentro de los consejos de administración, dejando claro la falta de disposición de solucionar este grave problema.
Anticorrupción
Por su parte, la diputada María Guadalupe Talamante Lamas del Nueva Alianza, explicó que las leyes de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad contemplan medidas para prevenir, detectar o en su caso sancionar las conductas irregulares de los actos de corrupción.
Por ejemplo, expuso, se crea un comité de auditoría y se prevé una auditoría interna que será la estructura operativa, administrativa, encargada de llevar a cabo las actividades de las distintas áreas de la empresa.
Además de lo anterior, se conforma una unidad de responsabilidades que será la instancia encargada de sancionar las infracciones e irregularidades administrativas, conforme a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública.
Finalmente, se incorpora la obligación de que cada una de estas empresas públicas cuente con un sistema de denuncias y quejas anónimas donde cualquier persona puede denunciar actos de omisión, a fin de que puedan identificarse y en su caso perseguirse conductas ilícitas.