El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Sánchez Jiménez, confirmó que promoverá un juicio político contra el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al afirmar que es insostenible la versión de que el niño José Luis Alberto Tehuatlie murió por el impacto de un cohetón como lo han dicho el procurador estatal.
El senador del PRD, explicó que no había rastros de pólvora en la herida del menor, por lo que fueron los policías estatales los que hirieron al menos en la dispersión de la manifestación el pasado 9 de juicio; “Moreno Valle quedó marcado ya con la muerte del niño y este brutal represión; este es un movimiento que ya no solo es de Chalchihuapan ni de este estado; esta noticia está a nivel nacional, en todo el país”, agregó.
Acompañado por la diputada federal Roxana Luna, Sánchez Jiménez aseguró que la petición formal del juicio político será presentada por senadores y diputados de las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT). Hay elementos, indicó, para sacarlo del gobierno, pues, expresó, aunque ya pidió que se abrogue la LeyBala “no hay duda, él es el único culpable directo de la muerte del niño”.
Añadió que en dos meses Moreno Valle ha encarcelado a 37 poblanos por reclamar sus derechos y exigir respuesta a sus demandas sociales.
Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa también habló de la denominada “Ley Bala” que causó controversia en Puebla, por la muerte de un menor de edad durante la dispersión de una protesta.
“Es una ley que en todos los sistemas jurídicos existe y que se llama ‘de uso legítimo de la fuerza’, ¿sí?. Aquí en el Congreso mexicano está en curso una propuesta legislativa.
“El uso de la fuerza podrá ser legal, pero nunca legítimo, y no se debe usar la fuerza pública en contra de acciones sociales. Claro que la violación de la ley, la afectación grave a terceros tiene que ser resuelta”.
En ese sentido, propuso que el gobierno de Puebla realice un análisis para resolver si la propuesta del gobierno del Estado, en el sentido de abrogar este ordenamiento legal, tiene que ser otorgada o no.
“Así la veo, no veo porqué tiene que derogarse o abrogarse, ese es el término correcto, a partir de un evento lamentable, un evento triste, algo que no debió haber ocurrido como es el fallecimiento del menor”, concluyó.