Con el propósito de establecer una nueva estructura corporativa y organizacional, que modernice su productividad y atienda las exigencias de la sociedad para atajar las prácticas de corrupción, Pemex y CFE son consideradas a partir de hoy propiedad exclusiva del Gobierno Federal.
Para tal efecto, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen a la minuta que expide las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta nueva ley establece que para que Pemex y CFE puedan operar y realizar sus objetivos de manera eficiente, eficaz y bajo la mayor certeza jurídica, se incorporan en el título “Del Régimen Especial” de sus legislaciones, las normas que regulan las materias de presupuesto y deuda pública.
De esta manera, el Consejo Administrativo de cada empresa autorizará sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los tabuladores, la estructura orgánica, las políticas de recursos humanos, su propio presupuesto, el destino de ingresos excedentes, sus reglas de austeridad y las políticas para sus inversiones, así como las adecuaciones a sus presupuestos.
Con 331 votos a favor, 1 abstención y 132 en contra, se avaló este tercer dictamen de las minutas del Senado derivadas de las iniciativas del Ejecutivo sobre la legislación secundaria en materia energética.
El dictamen, también reglamenta el mandato constitucional en el cual se establece que las entidades paraestatales del sector se transformen en empresas productivas del Estado.
De esta manera, se definen los principios que rigen a la nueva organización empresarial, su administración, estructura corporativa, régimen especial y el dividendo estatal que se aplicará conforme a este marco jurídico, en donde el Estado se convierte en propietario.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Energía, diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), detalló seis ejes sobre los cuales descansa la reforma: la empresa productiva del Estado, como una nueva figura, con un régimen jurídico especial; el nuevo papel del Estado como propietario de la empresa; un gobierno corporativo sólido y eficaz; un marco jurídico flexible y que obedece al principio de la máxima autorregulación y el rediseño integral de los esquemas de vigilancia y auditoría, así como nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Autonomía plena
Con estas nuevas reglamentaciones se garantiza que el gobierno no pueda mermar mediante la emisión de disposiciones de carácter administrativo o secundario el régimen especial que requieren las empresas para desarrollar sus actividades con plena autonomía.
La reglamentación de las empresas concibe de manera novedosa las relaciones que tendrán con la cabeza del sector energético, al transitar de una abierta intervención de la Secretaría de Energía (Sener) en la planeación, operación y presupuestación, a un modelo de colaboración institucional que permita a la secretaría ejercer sus funciones en la presidencia de los Consejos de Administración y contar con suficiente información para la programación sectorial y la realización de actividades estratégicas y prioritarias a cargo del Estado.
Con el nuevo esquema institucional el gobierno federal se asume como administrador principal, lo cual significa que el gobierno podrá designar algunos funcionarios dentro de los consejos de administración, y tendrá funciones de propietario, es decir, como cualquier dueño de una empresa.
Se incluye el establecimiento de un modelo de gobierno corporativo moderno que abarque todos los aspectos necesarios para el óptimo desempeño de las empresas estatales.
El nuevo diseño del marco regulatorio, plantea que al ser Pemex y la CFE instituciones de origen público, se rijan por el principio de legalidad, lo que implica que solo podrán realizar lo que la ley expresamente les autorice y confiera, al tiempo que les será aplicable el derecho privado. “Se trata de un diseño sin camisa de fuerza que sigue el principio de la máxima autorregulación para generar condiciones gerenciales óptimas”.
Pero corresponde a los respectivos Consejos de Administración emitir de manera autónoma, autosuficiente y sin la participación de otras instancias, toda la normatividad interna que se requiera para la adecuada estructuración del funcionamiento y operación de las empresas.
De igual forma, se incluye un rediseño del esquema de vigilancia, auditoría y control de las empresas y se devuelve al Consejo de Administración la función primordial de vigilancia y evaluación del desempeño que prevé la creación de un órgano independiente denominado Unidad de Responsabilidades.
Se contempla además la existencia de auditores externos conforme a las mejores prácticas en la implementación de buenos gobiernos y se acata el mandato constitucional al dejar muy en claro que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por ende, el Congreso de la Unión, serán competentes para fiscalizar a Pemex y a la CFE.
En tanto que la nueva Ley de la CFE precisa que dicha empresa deberá prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Tendrá que actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad, para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional.