Los cambios al marco jurídico energético aprobados, no garantizarán la generación de empleos, el abasto y abaratamiento de combustibles y energía eléctrica, el fortalecimiento de la industria nacional, el combate a la corrupción, la autonomía de los órganos reguladores ni la competencia en el sector.
Por el contrario, lo que se avizora es la descapitalización acelerada del país, aumento del endeudamiento público nacional, encarecimiento de energéticos, despojo de tierras a campesinos, pérdida de derechos para los trabajadores petroleros, depredación del medio ambiente y escasa participación de la industria nacional en el nuevo esquema de exploración, explotación y comercialización.
El vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, sentenció lo anterior y lamentó que priistas, panistas, pevemistas y aliancistas no hayan atendido la advertencia del gobernador de California, Estados Unidos, Edmund G. Brown, durante su reciente visita a México sobre las nocivas consecuencias de la privatización del sector energético, como la que se hizo en su estado, por lo cual recomendó actuar con energía y cautela frente a ella.
En este sentido, recordó que, luego de haber privatizado al sector eléctrico en favor de la empresa Enron Corporation, California vivió en 2000 una crisis energética que se tradujo en alzas enormes de tarifas, apagones constantes y un endeudamiento de 10 mil millones de dólares que aún hoy pagan los contribuyentes californianos.
A tal grado llegaron los abusos de Enron que los consumidores, que pagaban 60 dólares al mes, de repente debieron desembolsar 500 dólares, esto es, 833 por ciento más.
Un escenario similar se prevé para México con el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la cesión de grandes consumidores a las empresas privadas, con lo cual pierde el 60 por ciento de su facturación y se debilita la disponibilidad de recursos para atender a población de escasos recursos, alertó el legislador perredista.
Porque dijo que si bien es cierto que el Gobierno Federal queda a cargo de la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, esto se hará sólo si hay recursos suficientes en el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Además, dijo que a dicho fondo no se le proveerá de recursos públicos, sino de donativos y excedentes de ingresos que resulten de la gestión de pérdidas técnicas en el Mercado Eléctrico mayorista.
Tampoco, advirtió, el Fondo Mexicano del Petróleo será de gran utilidad para la mayoría de mexicanos, pues no se constituirá en un fondo de ahorro a largo plazo, sino en una caja donde se depositarán los recursos para pagarle a los privados y financiar el gasto público, mas no para inversión pública, infraestructura ni servicios.
Por otra parte, ni CFE ni Petróleos Mexicanos (Pemex) se fortalecen a pesar de que priistas, panistas, pevemistas y aliancistas aprobaron que las deudas de ambas empresas con sus trabajadores quedaran como deuda pública y que ésta, por tal motivo, ascienda ya 12 billones 947 mil 666 millones de pesos, lo que implica que cada mexicano, incluso los que están por nacer, adeudarán cada uno 109 mil 355 millones de pesos.
En realidad, tanto CFE como Pemex se debilitan, mientras a las transnacionales se les darán todas las facilidades, como el poder despojar a propietarios y poseedores de tierras donde se presuma, por ejemplo, la existencia de yacimientos petrolíferos.
Con la reforma energética impuestas por dichos partidos, queda legalizado el despojo de tierras a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, ya sea mediante “acuerdo entre las partes” o, tras el litigio respectivo, por “declaratoria de servidumbre legal”.