Al señalar que 10 de cada 100 personas tiene 60 años o más, y que de ellos el 36 por ciento es víctima de maltrato por sus hijos, la diputada del PRI, Elvia María Pérez Escalante, propuso mediante iniciativa de ley incorporar a las personas adultas mayores como sujetos pasivos del delito de abandono, y sustituir el concepto de “niño incapaz”, por el de “menor incapaz”,
término más acorde al lenguaje de género actual referido a las niñas y los niños.
En su iniciativa plantea establecer una multa de 50 a 100 días de salario mínimo, para fortalecer la protección de ese derecho humano fundamental de los adultos mayores, los menores y las personas enfermas con incapacidad de cuidarse a sí mismos. El delito, refiere el documento, se perseguiría de oficio.
En su carácter de secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la legisladora presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para reformar el artículo 335 del Código Penal Federal, y adicionar un segundo párrafo, a fin de que el Ministerio Público ponga al abandonado al cuidado de la institución que corresponda.
Asimismo, para que tenga la obligación de privar de la patria potestad o de la tutela y la designación de un tutor especial, en caso de que el responsable del delito fuera ascendiente o tutor del menor.
Explicó que ese precepto tipifica como delito el abandono de personas incapaces de cuidarse a sí mismos, solo cuando se trata de menores o enfermos, “sin considerar a las personas adultas mayores incapaces de cuidarse a sí mismas, por lo que resulta muy importante reformarlo, a fin de que les asista la protección de sus derechos humanos”.
Pérez Escalante, respecto a la sanción penal relativa a la privativa de libertad, establecida de un mes a cuatro años de prisión, dijo que no se propone ninguna modificación, pues argumentó que en el país no se cuenta con estadísticas en torno al maltrato y la violencia que sufren los adultos mayores, en especial sobre los que están imposibilitados a cuidarse a sí mismos y que han sido abandonados por quienes tienen el deber de cuidarlos.
Destacó, en este sentido, la necesidad de establecer que el delito de abandono se persiga de oficio, lo que “permitirá al Ministerio Público actuar con la oportunidad que los casos requieran, sin que tenga que esperar a que exista el requisito de procedibilidad, como una querella”.
La diputada aclaró que esta iniciativa no representa un impacto presupuestario para su cumplimiento, toda vez que no deriva en la realización de nuevas funciones ni en la creación de nuevas estructuras administrativas, ni tampoco la ampliación de servicios públicos.
QUE LA SSA Y DIF SUPERVISEN CASAS HOGAR Y CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL
Por su parte, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, consideró que las llamadas casas hogar y centros de asistencia social destinados a niños en situación de calle, gente pobre o adultos mayores, entre otros, “operan como redes de delincuencia que propician y permiten la vulneración de los derechos humanos de quienes acuden por ayuda”.
Casos como “Casitas del Sur”, “Los Niños de Colores” o el reciente de “La Gran Familia”, dijo, dejan en evidencia que las autoridades no se han encargado de supervisar e inspeccionar su funcionamiento, advirtió.
Por ese motivo, la diputada promueve una punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a supervisar la operación de las “casas cuna, casas hogar o casas de asistencia social”, así como evaluar y dar seguimiento a los servicios sociales y de salud que presten.
Integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez, Garfias Gutiérrez recordó que en el caso de “Casitas del Sur” se presume la comisión de delito de tráfico de menores, registrándose la desaparición de 14 niños, de los cuales, desde 2009, siguen sin ser rastreados ocho.
En “Los Niños de Colores”, continuó, fueron cometidos los ilícitos de trata de personas y tráfico de órganos, en agravio a menores indefensos y a merced de sus cuidadores. Más recientemente, en el caso de “La Gran Familia”, se supo que cientos de niños fueron rescatados de situaciones de maltrato, privación de la libertad, explotación laboral y abuso sexual, según señalan las autoridades.
Ante la innegable impunidad con que operan las casas de asistencia social, acusa la legisladora, es menester cuestionar el papel de las autoridades encargadas de estos centros. “¿No debieron detectarse oportunamente las irregularidades en estos casos?”, enfatiza.
Frente a los referidos casos, “todas las disposiciones legales vigentes resultaron inoperantes”, por lo que es necesario fortalecer las acciones de asistencia social que realizan los integrantes del Sistema Nacional de Salud, para que todas y cada una de ellas se realicen de conformidad con lo que disponen las leyes.
Particularmente, “poniendo énfasis en el control y supervisión de instalaciones y beneficiarios, así como como en el uso de los recursos públicos que operan con la finalidad de logar calidad en la atención y asegurar el trato digno y respeto irrestricto a los derechos fundamentales de quienes tienen la necesidad de ingresar a estos albergues”.
La iniciativa con punto de acuerdo de Lucila Garfias Gutiérrez fue presentada ante la Comisión Permanente, y turnada a la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia), para su análisis y discusión.
CUADRO
No hay estadísticas oficiales
$11. En una encuesta del Colegio de México realizada en 2009 en el Distrito Federal, se detectó que esta población recibe maltrato y violencia sobre todo de los hijos en el 36 por ciento de los casos; de la pareja, en el 11%; de parte de los nietos, en el 10, y de personas ajenas, en el 17.4%.
$12. Actualmente en el país, diez de cada 100 mexicanos han cumplido sesenta años o más y, el Consejo Nacional de Población estima que para 2050, un 30% de la población nacional tendrá más de esa edad.